A pesar de que no surgieron nuevas pruebas o elementos que justifiquen retomar esta causa, el fiscal federal Gerardo Pollicita requirió al juez Claudio Bonadio que cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA en base a la denuncia del fallecido Alberto Nisman.
Casualidad o no, la figura de ‘encubrimiento’ que se intenta colocar a CFK, es la misma que horas antes utilizó otro fiscal, Federico Delgado, para que se investigue la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Y por supuesto, no es casual que la maniobra judicial surja en las horas más difíciles del gobierno por el tema del joven desaparecido, y a un mes y medio de las elecciones legislativas.
El hecho es que ahora, una vez más, la justicia vuelve a reflotar aquella denuncia de Nisman que, sin embargo, fue rechazada en cinco oportunidades en la Justicia federal, hasta que, luego de la asunción de Macri a la presidencia, la Cámara de Casación Penal se rectificó y abrió nuevamente el expediente.
Además, Pollicita requirió la indagatoria del ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, el líder del partido MILES, Luis D Elía y el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche. Lo curioso es que ni D’Elía ni Esteche eran funcionarios del gobierno nacional.
Según la denuncia del fallecido fiscal, el memorándum de entendimiento con Irán tenía como fin oculto lograr la impunidad de los acusados del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos.
El memorándum implicaba conformar una “Comisión de la Verdad” que revisara todos los aspectos del frondoso expediente y permitiera la indagatoria contra los acusados, algo a lo que Irán históricamente se negó y que impidió que la causa avanzara.
Y otra curiosidad: el acuerdo, aprobado por el Congreso argentino, nunca se puso en práctica, ya que fue el propio Irán el que boicoteó su aplicación.