La cadena Farmacity viene intentando hace años desembarcar con su negocio de “farmacia shopping” en la provincia pero la ley y la justicia se lo impidieron hasta ahora. La batalla judicial que inició en 2012 el grupo Pegasus, dueño de la firma y propiedad del vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana, tuvo ahora un nuevo capítulo: agotadas instancias en la justicia provincial recurrió a la Corte Suprema de Justicia y presentó un recurso de queja que fue aceptado.
El freno que tiene la cadena de Quintana en la actualidad es la Ley 10.606, que establece para la instalación de farmacias una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra o una cada 3 mil habitantes, y la prohibición de que sean controladas por una sociedad anónima, entre otros puntos. Pero además rige una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que establece que las farmacias sólo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, por lo que el modelo “shopping” es ilegal en los distritos en los que esa normativa tiene vigencia.
En 2012, el planteo judicial de Pegasus tuvo fallos negativos en primera y segunda instancias y también en el seno de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que dictó resolución por unanimidad avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley. El estudio que patrocinó en ese entonces a Pegasus pertenece a Carlos Rozenkratz, quien fue nombrado juez de la Corte nacional por Mauricio Macri apenas asumió.
Con Rozenkratz en la Corte, Quintana logró ahora que ese máximo tribunal acepte el recurso de queja para hacer a un lado la ley provincial y entrar al mercado bonaerense. Ya lo hizo de hecho aunque con la cadena Simplicity que creó en 2013 pero que vende productos de cuidado personal, entretenimiento, belleza y moda aunque no remedios.
La aceptación de ese recurso de queja sorprendió al Colegio de Farmacéuticos de la provincia que viene pugnando hace años para que no se transgreda la ley que tiene una vigencia de 30 años. “No hay problemas si se quieren instalar, lo que pasa es que quieren hacerlo sin respetar las leyes de la provincia, o peor aún creando una ley a la medida de una sola empresa que además pondría en riesgo la dispensa de medicamentos”, indicaron desde la entidad que matricula a los farmacéuticos.
En la actualidad hay alrededor de 4500 farmacias en la provincia, muchas en barrios periféricos de las grandes ciudades o en pequeñas localidades con pocos habitantes debido a los cupos que establece la ley. Todo esto se perdería si la Corte le permite a Pegasus transgredir la ley; también se complicaría la disponibilidad y entrega de elementos con cobertura del PAMI que hoy se distribuyen en todo el territorio gracias a la red de farmacias, pero que Quintana pretende reemplazar con una entrega por correo, lo que requiere otra desregulación ya que ese sistema también está prohibido.
Desde el Colegio de Farmacéuticos vienen pidiendo una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal desde que asumió para que les garantice que la ley no será tocada. En el gobierno les aseguran que no hay chances de que prospere pero lo que no dicen es que no descartan impulsar un plan B vía Legislatura para después del recambio legislativo de diciembre.
Macri reemplazó a Vidal por Quintana en el manejo de la obra con los intendentes
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