El procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, dijo que podría haber organizaciones sociales y políticas detrás de las amenazas de bomba en las escuelas bonaerenses, aunque aclaró que por ahora “sólo es una presunción”. Adelantó, no obstante, que están evaluando el daño patrimonial para que los culpables le paguen al Estado.
“La primera informacion que manejamos podría haber contactos con organizaciones políticas y sociales. En los próximos meses vamos a poder verificarlo, por ahora es solo una presunción”, sostuvo al programa Lado P del canal QM.
Conte Grand afirmó que están “muy verificadas las fuentes” de los llamados y destacó que “la reacción del Estado y de la Justicia ha sido inmediata” y que por eso “tenemos personas detenidas y procesadas”.
Según el jefe de los fiscales de la provincia, el foco está puesto ahora en el recupero de los daños económicos causados al patrimonio del Estado en los operativos de las falsas amenazas de bomba. “El Ejecutivo y los municipios han dispuesto hacer acciones civiles patrimoniales. Cuando se verifiquen los montos de los daños, la provincia y los municipios van a hacer acciones para recuperar ese monto”, añadió.
Respecto de la posibilidad de que las amenazas se repitan cerca de las elecciones, el ex Secretario Legal y Técnico de Vidal apeló al “efecto disuasivo” que tienen las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales, aunque reconoció que su área de competencia no puede desarrollar “tareas preventivas” que corresponden a las fuerzas de seguridad.