Cuando ayer el presidente Mauricio Macri se quejaba sobre lo que considera sobrepoblación de sindicatos y convenios colectivos “con demasiados beneficios”, terminó por confirmarse hacia dónde apuntarán con los cañones a la hora de plantear una reforma laboral. Y, claro, será sobre la espalda de los trabajadores donde se aplicará con rigurosidad y recortes de distinto tipo la futura flexibilidad a favor de los empresarios.
Por ejemplo, en el proyecto que por estos días el ministro Jorge Triaca enviará al Congreso, figura un cambio no menor en lo referido al concepto de salario del trabajador. En otras palabras, se buscará separar el salario de los beneficios que otorga el empleador a un empleado.
Desde la justicia laboral explican que “si se redefine la composición del salario para los futuros juicios implicará que si un empleado demanda a una empresa por irregularidades durante el período de contratación por retención indebida de aportes, inscripción tardía o informalidades parciales, sólo podrá aspirar a conseguir una indemnización habitual por antigüedad, pero no se considerarán los extras o beneficios que otorga el empleador, que suelen hasta duplicar los pagos legales”.
En concreto, la iniciativa buscará reducir los montos efectivamente percibidos por los trabajadores a través de indemnizaciones judiciales para desalentar la litigiosidad laboral, por lo que la renovación de los jueces del fuero laboral será otra de las jugadas que buscará el Gobierno para poder lograr su objetivo.
Otro de los puntos que contempla el proyecto es que el Gobierno buscará reducir la informalidad en sectores como la construcción, el campo y la industria textil, que son los que registran los mayores índices de marginalidad.
También se apuntará a la reducción de los aportes patronales, por lo que se ofrecerá a los empresarios hacerse cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado, con la idea de blanquear a unos 300.000 trabajadores por año.
Además, habrá una amplia condonación de multas y punitorios para los empleadores que tuviesen personal no registrado, y un reconocimiento, por parte del Estado, de parte de los años de aportes no practicados por los trabajadores en situación de informalidad.
Sobre los controles, se reforzarán las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales que trabajarán junto con la CGT. Para llevarlo adelante, se pondrá en marcha un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una especie de Veraz en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados.
En tanto, en la iniciativa se propondría dar un tratamiento especial para los fondos jubilatorios que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos, mientras que se estudia realizar una revisión integral del sistema previsional y modificar la actualización de haberes que se hagan por el aumento de la inflación, contemplando aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65.
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