La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia la brutal represión ocurrida en la ciudad de Mar del Plata, cuando un grupo de efectivos de Infantería irrumpió en el edificio de Desarrollo Social y atacó a integrantes de cooperativas de trabajo utilizando bastones, balas de goma y gas lacrimógeno.
Desde hacía cinco días los integrantes de las cooperativas habían ocupado el edificio ubicado en la calle Bronzino al 1100 como medida de fuerza para solicitar la entrega de bolsas de comida y pago de trabajos adeudados.
Las víctimas y testigos de lo ocurrido señalan que hubo un amplio despliegue de fuerzas de seguridad que intervinieron de manera violenta y brutal. También dos personas fueron golpeadas por agentes de civil y luego trasladadas, en un móvil sin identificación, a la Comisaría 4ta donde permanecen detenidas. Otra persona fue apuntada con un arma de fuego durante el operativo.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó, momentos después de ocurridos los hechos, un habeas corpus por ambos detenidos, que tramita ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de Mar del Plata, a cargo de Saúl Errandonea.
Estos hechos se inscriben en un clima de creciente represión a la protesta social. En lugar de apelar a una vía pacífica de resolución, se hace uso de la violencia por parte de la agencias de seguridad como único camino para la gestión del conflicto.
Resulta de extrema gravedad que, frente a reclamos sectoriales o gremiales y despidos, la única respuesta del Estado sea la violencia y la represión.
La protesta está garantizada en nuestra Constitución Nacional y muchas veces es la única herramienta de los sectores populares para reclamar por sus derechos elementales vulnerados. Si frente a esto, la respuesta es la represión y la violencia estatal, los derechos y garantías constitucionales se ponen en serio riesgo, debilitando las instituciones y la vida en democracia.
Es imprescindible que las autoridades municipales y provinciales expliquen lo sucedido y se determinen las responsabilidades de los funcionarios intervinientes. Al mismo tiempo deben investigarse los hechos de manera exhaustiva, rápida y eficaz, sancionando a los responsables de ordenarlos y llevarlos a cabo.
La CPM se solidariza con las organizaciones cooperativistas víctimas de esta represión. También exige al Estado que atienda todos sus reclamos con celeridad y habilite los canales institucionales para un diálogo sostenido que permita dar más y mejores respuestas. Este es el único camino para el fortalecimiento de la democracia. La democracia es la garantía de derechos, no su negación y represión.