Mientras habla de “terrorismo”, el Gobierno le declara la guerra a los mapuches

“Declaración de guerra”. Esa es la lectura que hace el Gobierno sobre lo que significan las protestas y reclamos de la comunidad mapuche en la Patagonia, que este fin de semana se tradujo en la muerte de Rafael Nahuel, de 21 años, quien recibió un disparo de arma de fuego por la espalda por parte de algún efectivo de la Prefectura.

Volviendo a agitar viejos fantasmas, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se asegura que durante la toma del predio en Villa Mascardi se detectaron “boleadoras y lanzas”, además de armas “de grueso calibre”, lo que obligó a los prefectos a responder al fuego.

Tal como ocurrió con el caso de Santiago Maldonado, la estrategia oficial pretende sembrar dudas sobre los alcances del operativo de las fuerzas federales de seguridad, que causó la muerte del joven.

De acuerdo al relato de los mapuches, durante el operativo se vieron abordados por los uniformados, por lo que respondieron con piedras a las advertencias, pero fueron agredidos con armas de fuego. Emprendieron la retirada, y durante el ascenso desesperado ladera arriba, Rafael Nahuel fue alcanzado por una bala.

Mientras desde los despachos oficiales se apunta a demonizar al joven, presentándolo como un peligroso delincuente terrorista, el líder de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, precisó que Nahuel no integraba el grupo RAM, sino que formaba parte de su organización y era un humilde trabajador carpintero, con un alto espíritu solidario con la comunidad mapuche.

La casualidad o los caprichos del destino, quisieron que mientras el cuerpo de Santiago Maldonado era velado en su 25 de Mayo natal, se conociera la noticia de esta otra muerte, en un contexto similar. En otras palabras, se trata del segundo muerto en un mismo escenario en apenas tres meses. El primero fue Maldonado. Por eso resulta inevitable la pregunta: ¿quién será el próximo?

Mientras, desde el Gobierno se insiste en que “estamos en presencia de una escalada de violencia muy notoria”, y hasta se animan a hablar de una “creciente amenaza terrorista mapuche”. Sin embargo, se sabe que se trata de no más de 50 adultos, sin armamento sofisticado, y no se percibe señal alguna de que obtengan respaldo económico por parte de alguna organización armada del extranjero.

Lo que se comprueba a simple vista de las comunidades rebeldes es una situación de alta vulnerabilidad, en la que incluso viven muchos menores de edad. Por lo tanto, el desnivel de poder entre el Estado y los grupos de mapuches que apuntan a las tomas y las amenazas, es gigante, por lo que su desarticulación parece más una cuestión de pericia que de estrategia bélica.

Justamente, teniendo en cuenta que los hechos desbaratan cualquier intento de hacer aparecer a esas comunidades como peligrosos grupos terroristas, está claro que para el Estado argentino no puede representar un gran desafío, más allá de las temerarias declaraciones de Patricia Bullrich. Por lo tanto, no poder resolver este conflicto, demuestra una ineptitud evidente y al mismo tiempo peligrosa por parte de un Gobierno que parece encontrar una respuesta únicamente a través de la muerte de quienes se le oponen.