El Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.
Por estas horas, y en una carrera contrarreloj, el Gobierno trabaja en la apelación al fallo que emitió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que resolvió suspender de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma. La resolución judicial surgió a raíz de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.
Entre los empresarios, flota la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”. Los juzgados laborales nacionales son vistos por ellos como “enemigos”, porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave.
Fuentes oficiales admitieron que en la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda.
Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.
¿El Gobierno suponía que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley.
Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque”.
La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la Ley 27.802 confluya en el fuero contencioso administrativo, que, tras un planteo del Gobierno, ya tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto, la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio y que agrupa al cuerpo de abogados del Estado, “está estudiando pedir directamente un per saltum para saltear esas instancias judiciales previas y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte”.
Todo este escenario, más allá de su componente de incertidumbre sobre la decisión final, implica que la reforma laboral estará atrapada en el laberinto judicial durante un tiempo que nadie puede prever.
En definitiva, la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.