Mauricio Macri lo dijo con todas las letras: “No habrá justicia macrista”. Fue al asumir como presidente, en diciembre de 2015. Sin embargo, y muy lejos de aquella consigna, los hechos vienen demostrando exactamente lo contrario: toda vez que el Gobierno enfrenta alguna cuestión complicada que se pueda traducir en descontento social, ahí estará a su servicio un juez federal que, en una sintonía perfecta, dispondrá una rimbombante detención mediática de algún ex funcionario K que, claro, será el centro de todas las miradas.
Así, de manera automática, esas miradas dejarán de lado los problemas realmente importantes que afectan al conjunto de la población, para enfocarse casi exclusivamente en los detalles de la captura de alguien que haya formado parte de la administración kircherista.
En otras palabras, las detenciones de –entre otros- Lázaro Báez, Julio de Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, el pedido de prisión para Cristina Kirchner y la flamante captura de Cristóbal López, posibilitaron al oficialismo respirar aliviado al saber que gran parte de la opinión pública sería dirigida, a través del constante bombardeo de los medios, a concentrarse casi en exclusividad en esas cuestiones.
Apenas terminadas las elecciones de octubre, y gracias al respaldo recibido en las urnas, Macri se atrevió a anticipar que se vendría un paquete de reformas estructurales (previsional, tributaria y laboral), lo que empezó a generar un incipiente malestar por parte de la oposición, algunos gobernadores y el sindicalismo. Y, oh casualidad, el 25 de octubre quedó detenido el ex ministro de Planificación, De Vido.
En tanto, cuando empezaron a conocerse detalles del proyecto de reforma tributaria, surgieron cuestionamientos desde los más diversos ámbitos. Y cuando la cosa se estaba poniendo más espesa, oh, casualidad, el 3 de noviembre quedó detenido Amado Boudou por enriquecimiento ilícito, durante un operativo del que se habló durante varios días, por la imagen del ex vicepresidente en pijama y despeinado.
A fines de noviembre, el Gobierno sufría otro revés a causa de una inflación descontrolada, que amenaza con seguir creciendo. Pero, oh, casualidad, el 7 de diciembre el juez federal Claudio Bonadio dio un golpe durísimo a la oposición como su última jugada previa al retiro: detuvo al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y pidió el desafuero y la prisión de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien curiosamente durante dos años podría haber ido presa, pero se solicitó su captura días después de su jura como senadora.
Y ya en los últimos días, se produjeron las multitudinarias manifestaciones (con incidentes varios y represión policial) frente al Congreso, en rechazo a la reforma jubilatoria, a lo que se empezaron a sumar cacerolazos espontáneos en distintos barrios de la Capital, como así también en numerosos puntos del interior del país. Ante el creciente descontento, oh, casualidad, el juez Julián Ercolini ordenó la detención de los empresarios ligados al kirchnerismo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Sin embargo, de aquella promesa de que “No habrá justicia macrista”, un año y medio después, el mismo presidente que había lanzado esa consigna, en una arenga que tenía más de amenaza que de advertencia, enfatizó: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad, o buscaremos otros jueces que nos representen”.