El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se convirtió en el primero en presentar un amparo judicial para que la ley de reforma previsional sea declarada inconstitucional al considerar que la norma “es muy injusta”.
Todo indica que la reciente sanción de la ley podría desatar una abrumadora oleada de juicios que echaría por tierra la intención de la Reparación Histórica, que buscaba disminuir la litigiosidad de los jubilados.
El jefe comunal anunció la presentación judicial junto a un grupo de presidentes de centros de jubilados de esa localidad bonaerense. “No vamos a permitir que el Gobierno tome medidas que le quitan poder adquisitivo a los más débiles”, remarcó Katopodis a través de un comunicado.
La medida fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín. Se trata de la primera presentación de un municipio y surge como representación de todos los jubilados de la localidad en la que se solicita que se dicte una cautelar de no innovar debiendo el Estado nacional, a través de la Anses, liquidar los haberes jubilatorios conforme a la ley N° 24.241.
Desde la Justicia ya se anticipa que habrá una catarata de amparos contra la ley, además de los juicios individuales que haga cada jubilado, reclamando el reajuste de haberes, y pidiendo la inconstitucionalidad de la norma.
La estrategia judicial de los que se consideran perjudicados apuntará al incumplimiento del artículo 43 de la Constitución Nacional. “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.
En ese punto se apoyarán las ONG, partidos políticos, defensorías de la tercera edad y el pueblo, los sindicatos y otras entidades para acusar penalmente al presidente y a sus ministros. En su defensa, el Gobierno podrá esgrimir que la Ley de Reparación Histórica contempló el dictado de la Emergencia Previsional por tres años, lo que habilitó al Ejecutivo a realizar modificaciones sin necesidad de pasar por el Congreso.
Esta es una ley injusta. Vamos a defender a nuestros abuelos y no vamos a permitir que el gobierno tome medidas que le quitan poder adquisitivo a los más débiles. #NoALaReformaPrevisional
— Gabriel Katopodis (@Gkatopodis) 19 de diciembre de 2017
1 comentario
Lastima que en las elecciones no pensaste que nos gobernaban unos delincuentes sin corazon.-