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La Plata
23 noviembre, 2024
PAÍS

Escándalo: denuncian aprietes y extorsiones del Gobierno para que se aprueben las reformas

Con la sanción de las reformas previsional y tributaria, empezaron a surgir voces que lisa y llanamente hablan de métodos extorsivos, a través de los cuales el gobierno de Mauricio Macri aprieta a gobernadores y legisladores para conseguir en el Congreso la aprobación de sus proyectos.

La diputada chubutense Rosa Muñoz reconoció que el gobernador Mariano Arcioni le pidió que diera quórum y votara a favor la reforma jubilatoria, “para que los empleados públicos de la provincia pudieran cobrar el aguinaldo”.

La legisladora, que aportó al quórum pero se ausentó en el momento de votar, relató cómo presionaron a Arcioni durante la fallida sesión del jueves 14 de diciembre en la Cámara baja: “me mostró los mensajes y la foto, le dijeron ‘tu diputada todavía no se sienta’”, le señalaban al gobernador desde el Gobierno.

Muñoz sostuvo que “el presidente de los argentinos se quejaba de la vieja política. Lamentablemente, hicieron un curso acelerado porque aprendieron a extorsionar a los gobernadores con la chequera a cambio de los votos; aprendieron algo que no debe hacer un político, que es ser soberbio”.

Por su parte, el diputado y ex gobernador riojano, Luis Beder Herrera, que votó en contra de la reforma previsional –que definió como “perversa y dañina”– expresó públicamente su hartazgo de las presiones y promesas incumplidas del gobierno: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Ayer creo que se les cayó la careta @mauriciomacri que hagan lo que quieran, pero yo contra la gente, los abuelos, los niños, los ex combatientes de Malvinas, no me voy a meter”, agregó en otro tweet.

Otro ex mandatario, el santafesino Antonio Bonfatti, también se refirió a los mecanismos de disciplinamiento que sufrió el socialista Miguel Lifschitz: “No fue un consenso, fue una imposición, una coerción a los gobernadores”, denunció. Y reveló que si su gobernador no firmaba “se quedaba sin compensación (del déficit) de la Caja de Jubilaciones, sin el fondo sojero”. El titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe aseguró que “hubiesen estado en peligro las prestaciones de salud, educación, seguridad y justicia”.

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