El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió “terminar con el festival de liberaciones” e impedir, a través de nuevas leyes, la excarcelación de personas detenidas durante incidentes en manifestaciones públicas como las ocurridas el lunes en el Congreso Nacional durante el debate de la reforma previsional.
El planteo lo hizo al apelar el sobreseimiento de cuatro personas que fueron detenidas el 1 de septiembre pasado durante los incidentes en Plaza de Mayo al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado.
Durante la marcha por la desaparición de Maldonado fueron detenidas 31 personas, quienes recuperaron su libertad tras ser indagadas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de ellas por intimidación pública pero el pasado 6 de diciembre la Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión solo respecto de dos y sobreseyó a otras 17 por entender que no había elementos para señalar que habían cometido el delito de intimidación pública.
El fiscal Moldes no compartió el criterio respecto de cuatro de ellas y apeló para que la Cámara Federal de Casación Penal revise esa decisión. Sostuvo que por imágenes y testimonios esas cuatro personas -tres hombres y una mujer- tiraron piedras y tuvieron una actitud hostil, y además se hicieron pasar por trabajadores de prensa para mejorar su situación procesal.
“Se advierte de los descargos de los imputados que ninguno fue detenido por encontrarse desempeñando tareas como miembro de prensa, actividad o profesión que tampoco pudieron acreditar -más allá que se hayan secuestrado dos cámaras de fotos y un chaleco-, sino que sus descargos solo muestran sus intenciones de mejorar sus respectivas situaciones procesales y que sus detenciones obedecen a su acreditada participación activa en el coordinado ataque y enfrentamiento a las fuerzas del orden”, agregó.
“Esa caravana delictiva que pretenden vendernos como una simple marcha para oponerse a ideas o decisiones políticas es ni más ni menos que lo que ya demasiadas veces vimos: una hueste violenta y peligrosa de sujetos pendencieros y agresivos organizados, encapuchados y blandiendo armas caseras o palos que se desplazan a voluntad por zonas aledañas a edificios públicos emblemáticos, agrediendo a todo lo que se les oponga, especialmente si se trata de agentes de las fuerzas de seguridad, y destrozando bienes materiales públicos –plazas, monumentos- de manera de generar e incrementar el caos social”, describió.
Moldes aseguró que son necesarias nuevas leyes que impidan la excarcelación y que prevean “como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad –mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia-; concurrir munidos de palos, armas caseras, ‘armas tumberas’ u otros objetos similares”.
Y concluyó: “La redacción de las normas que impetramos, aún a riesgo de recaer en cierta dosis de casuismo, no debería dejar margen para que algunos malos jueces enrolados en la dañina doctrina del ‘garantismo’ –que no es más que el abolicionismo del derecho penal presentado y servido con edulcorante- conviertan esas leyes en papel mojado y continúen con el festival de liberaciones de aquellos que muy pronto volverán a agredir a la sociedad y a tratar de conmover el Estado de Derecho”.