Pasados los comicios legislativos de octubre, y con el Gobierno habiendo logrado su objetivo de triunfar a nivel nacional, la administración macrista puso un burdo freno al “récord de obra pública” con un derrumbe de un 80 % en dos meses, mientras que la mantendrá congelada hasta 2019, es decir, el año de las próximas elecciones presidenciales.
Concretamente, y después de haber destinado el año pasado una frondosa cantidad de inversión en todas las provincias en el contexto de la carrera electoral, con subas que en algunos casos superaron el 150 % en comparación con el mismo período de 2016, después de las elecciones empezó a moderarse ese crecimiento en septiembre pasado (cuando ya todas las obras con las que quería llegar a las urnas estaban lanzadas), y se registró un desplome de 52 % en octubre, y confirmó la tendencia en noviembre, con otra caída del 28,2%.
En otras palabras, a pesar de que los funcionarios del Gobierno nacional se muestran como los abanderados de la “nueva política”, intentando diferenciarse de las “viejas prácticas electoralistas y populistas”, estas cifras terminan demostrando que recurrió a la obra pública como el instrumento ideal para incidir en el voto de la ciudadanía.
En resumen, después de los comicios de octubre, el Gobierno frenó abruptamente los denominados gastos de capital, donde figuran la obra pública y otra clase de desembolsos del Estado, mientras siguió con crecientes gastos corrientes, que se destinan a pagar sueldos, entre otras cosas.
Después de la fuerte subejecución en obra pública en la gestión nacional y en numerosas provincias y municipios gobernados por Cambiemos, los números dejan entrever que la administración Macri hizo un esfuerzo económico importante para volcar recursos a inversión en las administraciones provinciales oficialistas y en algunas opositoras con las que alcanzó acuerdos políticos en el contexto de la carrera electoral, con incrementos que en algunos casos superaron el 150 % en comparación con el mismo período de 2016.
Según publicó La Nación, se trata de inversiones que exceden lo que en términos técnicos se denomina obra pública, ya que pueden estar incluidas desde centrales eléctricas hasta la compra de material ferroviario.
De esta manera, Cambiemos ratificó desde el inicio de la gestión Macri la presencia de exceso de fondos cuando hay elecciones y carencia de recursos en años sin comicios: 2016 con subejecución y prácticamente sin construcción de infraestructura; 2017 -todavía con el freno de los últimos meses- con gastos de capital del Estado que en los once primeros meses del año pasado alcanzaron los $169.151 millones, 19,4 % más que en el mismo período del período anterior; un 2018 con la obra pública supeditada al “aporte privado”; y finalmente un 2019 con un “relanzamiento” de cara a las presidenciales.