“Debemos intervenir y gestionar ante el Estado Nacional la posibilidad de evitar el cierre desde el poder político central de nuestra provincia, en defensa de los bonaerenses”, expresó Ricardo Lissalde, diputado por la séptima sección electoral.
Fabricaciones Militares tomó la decisión de cerrar la fábrica de explosivos FANAZUL, ubicada en la ciudad de Azul. Tras este cierre fueron despedidos 219 empleados que estaban contratados en la planta azuleña.
En este sentido, Lissalde, aseveró: “Entendemos que se debe buscar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de una empresa estatal, así como también atender su viabilidad económica. Pero no coincidimos en que en un contexto en el que la actividad económica privada está lejos de ocupar mayor cantidad de mano de obra, más bien también está siendo expulsiva, desde el Estado se tome la decisión de dejar en la calle a más de 200 empleados en una ciudad de 56.000 habitantes”.
“Este aspecto, el de la pérdida de fuentes de trabajo en un contexto de crisis, es decisivo para que expresemos nuestras diferencias con el gobierno nacional, que son diferencias ideológicas sobre cómo concebimos el Estado, cuál es su rol, cómo entendemos la función del trabajo y del consumo como motor de la actividad económica de un país y en qué lugar ponemos al hombre y en qué lugar al mercado cuando pensamos en implementar una medida de política económica concreta”, resaltó el diputado Lissalde.
Asimismo, advirtió: “Otro aspecto en el que también debemos expresar nuestra diferencia es que no se trata de una empresa estatal cualquiera, es una empresa que hace a la defensa nacional y a una cuestión estratégica de política exterior. Si cierra FANAZUL, Argentina debe pasar a importar explosivos, sin ningún sentido, salvo el beneficio de empresarios privados”.