A través de planes de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios en el sector público de las provincias, el presidente Mauricio Macri está dispuesto a apretar el acelerador en su política de reducción de las plantas estatales.
El punto de partida para profundizar esta premisa es la Ley de Responsabilidad Fiscal que se firmó con los gobernadores –a excepción de Alberto Rodríguez Saá, de San Luis-, por lo que el objetivo es “acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales”, teniendo en cuenta que en ese acuerdo los mandatarios se comprometieron a no aumentar su base de personal, y sólo tomar nuevos empleados en rubros sociales, como salud, educación y seguridad, cuando sea estrictamente necesario.
Por ahora, el debate se centra en cómo se financiará el plan, y una de las alternativas es que el Estado se haga cargo de los primeros siete meses y el 70 % del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o integrar dentro de los retiros voluntarios, lo que se solventaría a través del Tesoro Nacional o con fondos del Fondo Fiduciarios de Desarrollo Provincial.
También hay otras propuestas contempladas, como el pago del sueldo a empleados con años suficientes de aporte, pero a los que les faltan algunos pocos años para alcanzar la edad que les permita jubilarse. En el Gobierno destacan que se trata de una alternativa que beneficia a los empleados que se quieren ir, aunque el riesgo es que con el retiro voluntario se vayan del Estado los más capaces.
Dentro del “consenso fiscal” con los gobernadores, se establece que el Estado nacional deberá “financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales”.
Se destaca que “esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”.
En los despachos oficiales aseguran que varias de las provincias que escucharon la propuesta se mostraron interesadas en la idea. “No nos viene mal, al contrario, estamos buscando optimizar el gasto en recursos humanos”, afirmaron algunos gobernadores.
En tanto, cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien está a cargo de la reglamentación de la ley, admiten su preocupación por el gasto provincial y comunal. “Una gran parte de ese gasto es en personal, por lo que la idea es no aumentarlo, y si es posible, bajarlo a través de retiros voluntarios”, señalan.
Con el 2019, año de elección presidencial en el horizonte inmediato, los gobernadores admiten que sería prudente ordenar los gastos. Las provincias gastan el 55 % de sus ingresos en salarios y la mayoría no cubre ese nivel con recursos propios.
“Hay que racionalizar la dotación de manera no traumática, corregir las trayectorias de evolución del empleo público y mejorar la distribución hacia adentro del mismo Estado”, insisten desde la cartera de Hacienda.