El Gobierno rechaza la posibilidad de que se siga postergando el debate sobre la reforma laboral, ya que considera que esa es una cuestión prioritaria. Por eso mismo, insistirá en impulsar el tratamiento del proyecto después de marzo, es decir, cuando comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso.
Desde los despachos oficiales confían en que a más tardar en abril, el oficialismo ya podrá disponer de la ley. Días atrás, el propio Gobierno había resuelto diferir para después de febrero el debate en torno a la reforma, ante la falta de consenso en el sindicalismo y en los bloques opositores.
De ahí que para alcanzar ese objetivo requiere del apoyo de la CGT: a eso se abocará el Gobierno, reacio por ahora a desguazar la iniciativa, que en algún momento se evaluó para facilitar la aprobación de algunos puntos de la reforma, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender las licencias por paternidad.
Pero esa alternativa fue descartada, porque para Cambiemos se corre el riesgo de que únicamente se terminarán aprobando aquellos puntos que son de beneficio para los gremios, pero el resto de la reforma no se trataría nunca más.
Justamente, la idea del Gobierno es ejercer distintas formas de presión. “Los gremios están en deuda con nosotros; prometieron darnos su apoyo a la reforma laboral y al final se echaron para atrás. Al mismo tiempo nos boicoteaban la reforma previsional. No les debemos nada, al contrario”, dicen en la Casa Rosada.
La postergación del debate por los cambios en el mercado laboral se da en medio de un momento de idas y vueltas entre el Gobierno y un sector del sindicalismo y de pujas internas en torno a la conducción de la CGT, una clara señal de que los tiempos políticos cambiaron después de aquellos incidentes.
“Debería haber un nivel de consenso explícito de los sindicatos mayor al que tenemos. Eso no está y sería una condición necesaria pero tampoco suficiente para aprobar la ley”, reconocen en los despachos oficiales.
“Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales”, reconocieron fuentes oficiales. Mientras tanto, en el Gobierno confían en que los nuevos plazos para la negociación ayudarán a generar un mejor marco, y que se colaborará con el proceso de unificación que lleva adelante la CGT.