Las topadoras avanzan sin control en Salta, gobernada por Juan Manuel Urtubey. Los hechos demuestran que el bosque nativo de esa provincia parece no estar protegido por la Ley de Bosques si la tierra pertenece a los amigos y socios del gobernador.
La organización ecologista Greenpeace denunció que la finca Cuchuy, cuya tierra está protegida por la Ley, recibió un permiso especial de Urtubey para ser desmontada. La propiedad pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. Otro de los dueños es Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.
Alejandro Braun Peña compró 10 mil hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires) con cuatro comunidades wichí dentro – Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral–, cuya manutención depende del bosque que está siendo desmontado.
Al momento de hacer la denuncia, los miembros de Greenpeace precisaron que ya se habían desmontado 7.000 hectáreas. A pesar de la prohibición, y ante el pedido del primo del jefe de Gabinete, Urtubey le otorgó un permiso especial de rezonificación, transgrediendo la ley nacional, como denuncia Greenpeace.
No es la primera vez que el gobernador salteño toma este tipo de decisiones, ya que antes benefició a su propio hermano, Facundo, y al presidente Mauricio Macri, propietario de la Finca ‘El Yuto’, cercana a la finca Cuchuy, que fue rezonificada, esto es, se cambió su estatus de zona protegida para que pudiera ser explotada.
Greenpeace denuncia que en Salta, “los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta para autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques alcanzan, como mínimo, las 126.177 hectáreas (el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires).”
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, tiene por objeto determinar qué zonas de Bosque nativo son aptas para el desmonte –para ser utilizadas en la agricultura, ganadería o tala– y qué zonas deben ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la biodiversidad.
Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo permiso gubernamental con audiencia pública.
Esta estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I y II –rojo y amarillo–pero se cambió a la Categoría III –verde– para poder deforestar 8.962 hectáreas.
En otras palabras, las rezonificaciones que avala Urtubey cambian zonas rojas o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades originarias. Y todo esto, en beneficio de unos pocos terratenientes, como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica de la Nación y el propio presidente, Mauricio Macri…
