Con el caso del policía Luis Chocobar como telón de fondo, y en la búsqueda de un cambio de paradigma sobre la política criminal, el ministro de Justicia, Germán Garavano, encabezó un encuentro con referentes del Poder Judicial y legisladores, para consensuar la futura implementación de un nuevo Código Procesal Penal.
La idea es que el mes próximo ingrese al Congreso la iniciativa en cuestión, que propone agilizar los procesos judiciales, a través de la implementación del sistema acusatorio.
El texto, entre otras cuestiones, le otorga mayor protagonismo a los fiscales, establece la toma de decisiones en audiencias orales, y permite que los jueces que condenen en primera instancia puedan determinar la prisión inmediata de los acusados, sin la necesidad de que el fallo quede firme.
Garavano destacó que “el nuevo sistema lo que hace es poner en el centro a las personas y corre a los papeles. En términos de resultados lo que nosotros esperamos no es más personas detenidas, sino básicamente más personas que estén detenidas con sus casos resueltos”.
Y agregó que “este sistema lo que debería hacer es consolidar esa tendencia, y que las personas que estén en prisión sean porque fueron condenadas por un juez”, a pesar de los presos políticos sin condena que tiene la Argentina.
El ministro aseguró que la iniciativa busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general. Según anticiparon las autoridades de la cartera de Justicia, la implementación del nuevo código llevará de cinco a siete años y se aplicará progresivamente primero en el norte del país, luego en el sur y por último en el centro.
Por ejemplo, se incorporan medidas especiales de investigación, como la vigilancia acústica, la vigilancia de las comunicaciones, el monitoreo remoto sobre equipos informáticos y la vigilancia por dispositivos de captación de imágenes y de localización o seguimiento.
En tanto, cuando un imputado sea condenado a una pena de prisión de cumplimiento efectivo por parte de un tribunal oral se le aplicará la prisión preventiva hasta que la sentencia sea revisada y quede firme o sea revocada. Esta medida busca disminuir el riesgo de fuga que aumenta a partir del dictado de una condena a prisión efectiva. Es decir, quien sea condenado por un tribunal oral no quedará en libertad sino que irá a la cárcel.
El senador nacional Rodolfo Urtubey, que participó de una mesa de debate con el ministro, precisó que se presentará en el Congreso un proyecto elaborado en el marco de la comisión bicameral abocada al tema, que contará con su firma y la del jefe del bloque de senadores de Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.
La iniciativa es una versión que reúne el Código Procesal Penal aprobado en 2015 -que nunca se llegó a implementar-, y las leyes sancionadas en los últimos años como la flagrancia, los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas.
“Va a tener estado parlamentario el 2 de marzo y tendrá un tratamiento lo más rápido posible en Asuntos Constitucionales en el Senado y luego pasará a la Cámara de Diputados”, anticipó el legislador.