La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un fuerte descargo ante la Justicia, a raíz de la demanda del Gobierno por más de $ 20 mil millones, al considerar que “el único argumento es la persecución política”, al tiempo que pidió que se llame también a ex jefes de Gabinete y gobernadores durante la gestión del kirchnerismo como testigos, y no como imputados.
“La persecución selectiva del gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a ex funcionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete durante las gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, no podemos, bajo ningún concepto, convalidar el atropello jurídico al que Cambiemos se aventura”, afirma en un escrito presentado por el abogado de la senadora, Carlos Beraldi, ante el juez federal Julián Ercolini.
Hace dos semanas, el Gobierno de Mauricio Macri, a través de Vialidad Nacional, presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $ 22.500 millones, a modo de resarcimiento “por el daño ocasionado por los hechos de corrupción”.
La demanda es en concepto de las obras otorgadas a Báez que nunca concluyó. El juez federal Julián Ercolini aceptó al organismo que dirige Javier Iguacel como “actor civil” en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.
En el escrito, la ex presidenta sostiene que “extender la insensata demanda a los ex Jefes de Gabinete de Ministros implicaría ser cómplices del ataque permanente a la oposición política que caracteriza a este gobierno. No podemos, por mandato popular, por comprensión ni por responsabilidad política, contribuir a dicha manipulación jurídica y judicial”.
Y agrega que “avalar este abuso respecto de otros dirigentes políticos contribuiría a la persecución judicial que lleva adelante el gobierno nacional, tanto en el plano penal como en el patrimonial, al efecto de eliminar permanentemente cualquier tipo de oposición política a su plan de ajuste”.
En tal sentido, Cristina pide que declaren los ex jefes de Gabinete Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Y también los gobernadores de Santa Cruz, desde el 2003 a la actualidad: Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta, y Alicia Kirchner.
Cristina cierra su escrito con “el único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares. Pero el camino de las luchas sociales es una rosa con espinas que, más temprano que tarde, florece en todo su esplendor”.