En su desprecio por la Patria Grande, el gobierno de Cambiemos presentó un proyecto en el Congreso para cobrarle a los extranjeros, especialmente a los bolivianos, bajo el pomposo nombre de “un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud”. La idea es que si pasa ir por la educación en las escuelas.
El proyecto pertenece al radical Luis Petri y fue acompañado por los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor para establece un régimen de “reciprocidad, compensación y arancel” para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria.
Según señaló Petri, el objetivo del proyecto es “garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”.
En virtud del proyecto, la situación de quienes revistan la calidad de “residentes permanentes” se mantiene inalterable, pero cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.
El Gobierno boliviano salió al cruce y aclaró su postura en torno a la polémica impulsada desde su par argentino para restringir la cobertura de salud a extranjeros en nuestro país, a partir del pedido de un convenio de reciprocidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia explicó que su par de Salud había respondido cuál era la normativa vigente en materia de cobertura de salud y recordó que el tema no se encontraba en la agenda bilateral entre ambos países que se elaboró el 15 de enero de este año en Santa Cruz de la Sierra. Es decir, el Gobierno argentino no le había mencionado este tema a Evo Morales y no recibió hasta el momento propuesta concreta de un convenio.
Por ello, agregan en la nota, el embajador argentino en el país limítrofe “expresó disculpas al gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados”. Y agregan que están “dispuestos a analizar cualquier propuesta que se plantee en el marco de la práctica diplomática”.
Esto hace referencia a la respuesta del Ministerio de Salud de Bolivia a su par argentino, en el cual detallaban que, según las leyes de Bolivia, cualquier “habitante o estante (sic)” en territorio boliviano que se encuentre en determinados grupos poblacionales tiene garantizada la atención sanitaria en aquel país. Entre ellos, menciona a mujeres embarazadas, niños, ancianos y discapacitados sin seguro de salud. “Por lo tanto, no corresponde la suscripción del citado convenio”, agregaba la nota.
Esto le sirvió al Gobierno a plantear la supuesta necesidad de restringir el uso de la salud y educación pública para extranjeros. A la avanzada de la provincia de Jujuy de cobrar un seguro de salud para extranjeros se le suma el proyecto de ley de un diputado radical para cobrarle el uso de la salud y la educación pública a los habitantes de otros países que vengan a la Argentina.
Al presidente poco le interesa la Patria Grande que soñaron San Martín, Bolívar y por estos tiempos Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa y Hugo Chavez