El diputado provincial del Frente Renovador Pablo Garate, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley por el cual propone la creación de una Oficina de seguimiento de la Gestión Judicial, que tendrá a su cargo elaborar estadísticas y publicar informes acerca de la gestión judicial en todos sus instancias y organismos.
La iniciativa parlamentaria detalla que dichos informes serán elaborados en base al seguimiento, comparación y permanente actualización de datos e indicadores del funcionamiento de los órganos judiciales pudiendo requerir, a tal efecto, información en forma directa e indirecta a cualquier órgano o dependencia judicial, administrativa, sea o no gubernamental.
Por otra parte, el seguimiento de la gestión comprenderá a todos los funcionarios judiciales, funcionarios del ministerio público fiscal y demás funcionarios auxiliares que la reglamentación establezca.
Como así también, la Oficina de Seguimiento de la Gestión Judicial deberá elaborar una presentación anual de todos los informes y estadísticas elaboradas a partir del seguimiento permanente del funcionamiento judicial, en el cual deberá contener: a) Cantidad de procesos judiciales en trámite. b) La duración total de los procesos y de cada una de las etapas de los mismos. c) El cumplimiento de los plazos establecidos para el dictado de resoluciones. d) Todo otro indicador que reglamentariamente se establezca.
“Con esta reforma no se pretende el reemplazo de las facultades de control y seguimiento otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sino, por el contrario, optimizar el sistema existente mediante la incorporación de datos provenientes de otros organismos vinculados a la administración de justicia, que permitan la elaboración de informes y estadísticas certeras, a fin de poder brindar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en el sistema judicial bonaerense”, explicó el legislador tresarroyense Pablo Garate.
Hay que mencionar que el proyecto establece que el seguimiento de la gestión judicial deberá ser realizado en base a los siguientes criterios: a) Eficacia: relación entre los servicios y bienes efectivamente prestados o producidos y los objetivos, metas o estándares definidos, b) Eficiencia: relación entre los bienes y servicios producidos y los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros utilizados, c) Economía: uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad, y d) Calidad: grado en que el servicio prestado satisface las necesidades y expectativas del destinatario.