Un indisimulable y creciente malestar entre la Iglesia y el Gobierno explotó en los últimos días. ¿El disparador?: la difusión oficial de los recursos que el Estado destina al financiamiento de ese culto en la Argentina -y en particular, las asignaciones de los obispos-, lo cual fue calificado como “vergonzoso”, “inoportuno” y “sin sentido”, por parte de sectores eclesiásticos.
En líneas generales, organizaciones y representantes vinculados al clero dieron a conocer su postura contraria a lo que consideraron como una “jugada política”, encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando días atrás dio a conocer esos datos durante su informe a los diputados.
En privado, se habló además del efecto mediático, parte central del enojo eclesiástico. Y para amortiguar en parte el cimbronazo, el Gobierno decidió que el subsecretario de Culto, Alfredo Abriani, saliera a explicar que no había nada nuevo, y que todo se ajusta a “la ley y la Constitución”.
La respuesta de Peña ante una pregunta puntual sobre la cuestión, fue que se destinan unos 130 millones de pesos, globalmente, con asignaciones que oscilan entre los 40 mil y los 49 mil pesos mensuales para los obispos, según el rango jerárquico.
Como era de imaginar, a partir de la repercusión pública que el tema generó, surgieron inevitables especulaciones sobre una escalada en la tensa relación entre el Gobierno y el máximo nivel de la Iglesia Católica.
El contexto, además, está dado por la decisión oficial de abrir las puertas al debate legislativo sobre la despenalización del aborto. Pero sin lugar a dudas, el telón de fondo hay que ubicarlo entre el casi nulo vínculo entre el Gobierno y el papa Francisco, cuya decisión de no visitar la Argentina se extiende sin fecha a la vista. No vendrá este año y nada indica que vaya a hacerlo el próximo, dominado por la campaña electoral.
Mientras tanto, desde la Iglesia dejan trascender la idea de que se trata de una especie de “cortina de humo” montada por la administración macrista para ocultar las dificultades y aspectos más duros de la economía, como la inflación o la falta de empleo. Y hasta no descartan que la difusión del presupuesto asignado a la Iglesia sería una jugada para debilitar ante la opinión pública su oposición a la despenalización del aborto.
El sacerdote José María “Pepe” Di Paola, quien definió la actitud del Gobierno como “vergonzosa”, sostuvo que un sector de la Iglesia se sintió “chicaneado” por Marcos Peña y algunos diputados, tras la sesión del miércoles pasado. “Seríamos demasiado ingenuos si pensáramos que esto no es una maniobra urdida para instalar un tema que es público y que además ya fue aprobado por el Congreso cuando firmaron el Presupuesto, a menos que lo hayan hecho sin leer lo que firmaban”, dijo.
Por su parte, monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, tildó de “inoportuna” la referencia del jefe de Gabinete en relación con los emolumentos de los obispos, a los que calificó de “asignación” y no de “salario”, que son utilizados para “mantener” a los obispados.
De todos modos, aclaró el prelado, “la mayor parte del presupuesto con el que se mantiene la Iglesia no lo aporta el Estado, sino los fieles a través de las donaciones que efectúan domingo a domingo en nuestros templos y fondos que provienen de organizaciones del exterior”.
Y agregó: “Está muy instalado en nuestras comunidades que el Estado mantiene a la Iglesia, pero eso no es verdad, el Estado hace un aporte, pero representa entre el 6 y 7 % de todos nuestros ingresos”. Por último, tildó al gobierno de Mauricio Macri de tener “una sensibilidad distinta” a la que reclama el Sumo Pontífice, “quien nos pide que veamos la realidad desde la óptica de los pobres”.