Mientras gran parte de los argentinos estará pendiente de lo que ocurra con la selección en el Mundial de Rusia, es muy probable que el Gobierno –a través de los legisladores de Cambiemos- aproveche esa situación distractiva de los reales problemas del país, para intentar aprobar en el Congreso los puntos de la postergada reforma laboral que más rechazo generan.
El presidente Mauricio Macri dispuso volver a la carga con el proyecto oficial, por lo que la estrategia elaborada en la Casa Rosada, y que se piensa llevar adelante en junio –en coincidencia con el desarrollo del Mundial-, será el tratamiento de los aspectos más controvertidos de los cambios en el universo del trabajo, una vez que haya concluido el debate sobre la despenalización del aborto.
Las cuestiones que más resistencia provocan, son el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en determinados sectores, y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017.
El plan del Gobierno apunta a que antes del primer semestre se aprueben los puntos en los que sí existe consenso con los bloques legislativos y con la CGT, como el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral, por lo que se descuenta que se avanzaría sin mayores inconvenientes.
En los despachos oficiales son optimistas, porque apuntan a alcanzar un “efecto dominó”. Es decir, piensan que si avanzan con blanqueo laboral, licencias y pasantías, difícilmente se frenen los otros puntos. La expectativa crece a partir de un acuerdo, hasta ahora retórico, que se dio entre los principales dirigentes de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para aprobar el blanqueo laboral durante el primer semestre.
Precisamente, en ese principio de acuerdo las partes coincidieron en que no se buscarán modificaciones en la letra chica del proyecto, y en la necesidad de tratar con urgencia la iniciativa de blanqueo y el proyecto para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, con el objetivo de reducir el nivel de litigiosidad en contra de las obras sociales sindicales.
Más allá del generalizado rechazo que desde un primer momento provocaron los cambios planeados en el pago de las indemnizaciones, hasta en esa cuestión reina el optimismo en el Gobierno, porque calculan que cuando llegue el momento de debatir ese punto, la CGT ya pueda tener un nuevo consejo directivo, integrado en su mayoría por dirigentes de buen diálogo con el oficialismo.