El escándalo generado en torno al ex subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por una cuenta con 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra que no había declarado, más las demoras para reformar la ley de Ética Pública, llevaron a la Unión Cívica Radical a querer enfrentar la pasividad y la política de mirar para otro lado que lleva adelante la macrista Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción (OA).
Desde la UCR vienen cuestionando, puertas adentro, el casi inexistente papel de ese organismo a la hora de intervenir en cuestiones sensibles que son rechazadas por la opinión pública, tal como ocurrió, por ejemplo, con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien ocultó que era dueño de compañías offshore en paraísos fiscales, o con el titular de la cartera de Agroindustria, Luis Etchevehere, por el cobro de un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural.
Por estas y otra razones, el senador nacional Julio Cobos (Mendoza) presentó un proyecto de ley destinado a crear en el ámbito del Congreso una “Comisión Nacional de Ética Pública (Conadep), que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional.
En los fundamentos la iniciativa, el legislador asegura que “la Argentina tiene un serio problema de implementación de reglamentación ya existente en materia anticorrupción”, y dispara: “Sin instituciones autónomas y fuertes que puedan investigar lo actuado por los funcionarios públicos, será imposible luchar de forma creíble contra la corrupción”.
Se indica que “la Comisión estará integrada por 11 miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán seis años en su función, no pudiendo ser reelegidos”. De ese total, seis serán legisladores y las cinco butacas restantes serán llenadas con representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Ejecutivo, Procuración General, Defensoría del Pueblo y Auditoría General.
El organismo propuesto por Cobos podrá “recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública”, las cuales “deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente”.
En tanto, cerca de Laura Alonso deslizaron que a la titular de la OA no le cayó nada bien la idea que impulsa el bloque radical, porque interpreta que la creación de un nuevo organismo significaría, en la práctica, bajar su cotización como emblema de la (supuesta) lucha contra la corrupción o, al menos, poner en duda su rol al frente de esa Oficina.
Por eso mismo, no es casualidad que en los últimos días haya salido a decir, en tono desafiante: “Me causa gracia que se diga que la Oficina Anticorrupción es la oficina del encubrimiento”.