Mientras desde el Gobierno nacional juran y perjuran que si hay un tema prioritario para la administración macrista ese es la educación, todos los indicios apuntan a que evidentemente hay un divorcio entre el mensaje que transmite la Casa Rosada y lo que en realidad ocurre, teniendo en cuenta que a un mes del retorno a clases en todo el país, en diez provincias persisten los conflictos docentes.
El hecho es que después de este fin se semana largo, se registrarán paros de maestros y profesores en siete distritos, lo que incluye el fin de una frágil tregua en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense, donde habrá paro de actividades el próximo jueves.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente desplegará el jueves un paro de 24 horas, que se convertirá en la tercera medida de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo el pasado 5 de marzo.
Un día antes, todas las miradas estarán puestas en la reunión paritaria entre los gremios docentes con los funcionarios de María Eugenia Vidal, después del rechazo al aumento del 15 % en tres tramos propuesto por la gobernadora, con revisión y plus por presentismo y capacitación.
En las últimas horas, desde los sindicatos se confirmó la huelga del jueves –con movilización a La Plata incluida-, y remarcaron que sólo una mejora “importante” en la oferta permitiría habilitar “una consulta” con las bases y un eventual paréntesis en la huelga. Un escenario que estimaron como lejano.
Pero además habrá huelgas en Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Chaco y Neuquén (en medio de un nuevo aniversario por la violenta muerte del maestro Carlos Fuentealba en el desalojo policial de una ruta neuquina en 2007).
Las discusiones paritarias están virtualmente limitadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone un techo a las subas, atado a la pauta de inflación anual del 15,7 %., a lo que se suma la línea que baja de la Casa Rosada, en cuanto a eliminar la denominada ‘cláusula gatillo’, para no alimentar las expectativas de inflación.
En tanto, debido a la falta de acuerdo (con alguno o con todos los sindicatos), varios gobernadores otorgaron aumentos por decreto y clausuraron la paritaria -o, al menos, le pusieron punto final a nuevas ofertas-, tal como ocurrió en Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
Gran parte de la conflictividad está anclada en gremios alineados con CTERA, que lidera Sonia Alesso, y que sigue levantando la bandera de que el gobierno nacional reactive la paritaria nacional, algo que el oficialismo descarta.