En una nueva (y burda) maniobra, Mauricio Macri tiene sobrados motivos para celebrar: la investigación de la causa penal en la que el presidente está imputado por el Correo Argentino, quedará a cargo de Gerardo Pollicita, un fiscal de excelentes vínculos con el mandatario.
De esta manera, Macri respira aliviado, después del desplazamiento de Juan Pedro Zoni, el fiscal que lo había acusado por su marcada influencia a la hora de tomar decisiones para condonar la casi totalidad de la deuda que, por más de 70 mil millones de pesos, mantiene la empresa que estuvo a cargo de su familia, con el Estado.
Sugestivamente, Zoni fue separado por el procurador interino Eduardo Casal, justo después de haber solicitado una serie de medidas de prueba desinadas a avanzar en la investigación, y que involucraban a los Macri…
Gracias a la entrada en escena de Pollicita, el presidente se garantiza la tranquilidad de que la causa no registre considerables avances de aquí en más.
Los vínculos del fiscal con Macri se remontan a los años ’90, cuando el actual presidente era el amo y señor de Boca Juniors. Reconocido fanático del club xeneize, Pollicita integró la comisión asesora de Seguridad en la institución de la Ribera, junto a otros alfiles PRO de Comodoro Py, como los fiscales Raúl Plee y Carlos Stornelli.
De perfil bajo, el fiscal lleva años de tribunales. Arrancó en el departamento judicial de Morón, en los ‘90 llegó a Comodoro Py y trabajó con Plee y Stornelli en distintas instancias. En 2005 quedó a cargo de la fiscalía federal Número 11, que ocupa hasta hoy. Desde allí, impulsó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, con todo el apoyo mediático que eso requirió.
Fue el propio Macri quien ordenó condonar las deudas de su propia familia, aceptando una quita de 70.163 millones de pesos, un 98,82 %. Ahora deberán sólo pagar el 1,18 % de la deuda. Como si fuera poco, se les adjudicó un prudente tiempo de pago para el porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar la deuda…
En los años ’90, Carlos Menem privatizó el Correo y se lo adjudicaron los Macri. Durante años no pagaron el canon establecido con la excusa de que el Estado no les permitía aumentar las tarifas. En 2001 entró en un concurso preventivo. En paralelo, hicieron juicios al Estado. Al momento de entrar en este concurso, debían 300 millones de pesos (por la convertibilidad, eran 300 millones de dólares).
El Grupo ofreció al Estado pagar el 100 % de la deuda. Pero a valor nominal. Es decir, pagar 300 millones de pesos, sin contar la inflación ni la devaluación en el país. Además de una serie de intereses al 7 % anual sobre saldos al año de pagado la última cuota.