Después de lo que fue el demoledor informe que hace dos meses presentó Amnistía Internacional (AI), en el que apuntó al retroceso que en materia de derechos humanos se registra a partir de la asunción de Mauricio Macri, el presidente recibió en la Quinta de Olivos a los representantes de ese organismo, oportunidad en la que se vivieron momentos tensos en torno a lo ocurrido con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, presente en la reunión, reprochó la postura de Amnistía ante ese hecho, ya que había denunciado que se trataba de un caso de “desaparición forzada”. Según el funcionario, “son cosas que generan descrédito y afectan a los verdaderos actores de derechos humanos”, teniendo en cuenta que el Gobierno cerró el tema con que el joven murió ahogado en las aguas del río Chubut porque no sabía nadar.
De esta manera, la posición de la administración macrista fue dejar de lado que, en realidad, Maldonado murió en el marco de una persecución por parte de personal de Gendarmería durante una protesta de la comunidad mapuche el 1 de agosto del año pasado. El cadáver del joven apareció más de dos meses después de haber sido visto por última vez con vida.
Por otra parte, los representantes de AI cuestionaron la persecución y la discriminación a integrantes de las comunidades mapuches y de otros pueblos originarios, como así también la violencia policial ante la protesta social, lo que generó un intercambio de posiciones.
“Acá las manifestaciones proliferan sin ninguna restricción, afectan los servicios y al resto de la gente más que en otros países”, aseguró Macri. “Muchos hechos de violencia, más allá de que apuntamos a una mayor capacitación policial, fueron generados con una intencionalidad política que buscaba generar estos disturbios”, completó.
Mariela Belski -directora de Amnesty Internacional en la Argentina- había enfocado los cuestionamientos al Gobierno en la criminalización de la protesta social y de los pueblos originarios, y la violencia contra las mujeres.
En su informe de febrero último, el organismo calificó como “una operación ilegal” de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció Maldonado, destacando que “la investigación sobre su muerte no concluyó”. También recordó el asesinado del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido “en el contexto de reclamos sociales”, en los cuales -afirma- ocurrieron “detenciones arbitrarias”.
En tanto, al destacar las políticas “discriminatorias” contra los grupos indígenas, se sostuvo que “las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio”.
Además, Amnistía Internacional denunció que en Argentina existe “una alta actividad de cibertropas vinculadas discursivamente al Gobierno nacional, que tienen por objetivo atacar o deslegitimar el discurso de periodistas o referentes de los derechos humanos”, destacando el rol protagónico que tienen el diputado Fernando Iglesias y el comunicador Eduardo Feinmann.