El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, autorizó el reclamo de Farmacity para ingresar en el mercado de la provincia y le dio así el empujón que le faltaba al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, quien fue CEO y hoy es accionista de esa cadena.
Casal emitió un fallo, que no es vinculante, en el que asegura que el artículo 14 de le Ley 10.606, aprobada en 1987 en la provincia, es inconstitucional. Ese artículo dispone que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada; de Sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.
Para la ley vigente las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud, y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra. Además, permite como titulares a empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro pero no a sociedades anónimas, como Farmacity.
El fallo de Casal se conoció ayer y fue emitido en el marco del recurso de queja realizado por Farmacity ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de agotar todas las instancias en la justicia de la provincia y no lograr el ok para ingresar al mercado bonaerense como una excepción a la ley.
Tras el dictamen del procurador -que asumió en su cargo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó- ahora la Corte deberá resolver. Como dos de los magistrados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se excusaron de votar por sus vínculos con la empresa, la decisión recaerá sobre los tres jueces restantes.
La demanda de Farmacity comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual número dos de la Jefatura de Gabinete que comanda Marcos Peña. Quintana mantiene en su poder el 3% de las acciones de la compañía y aseguró que planea vender su participación antes de que finalice el año, para “evitar un eventual conflicto de intereses”.
El fallo generó gran preocupación en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que defiende los intereses de las farmacias y la vigencia de la ley provincial. “Si bien el fallo de la Procuración nos parece lamentable, lo cierto es que no nos sorprendió. Hace tiempo que veníamos alertando que esto podía pasar dada las presiones que viene ejerciendo Mario Quintana sobre la Justicia para que fallara a favor de su empresa. Por eso es que hace unos días nos movilizamos para salir a apoyar a la Justicia”, dijo ayer María Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.
“Aunque todavía falta que se expida la Corte, la situación nos tiene preocupados por las enormes presiones a la que está sometida la Justicia por parte del Ejecutivo nacional”, reconoció Reinoso al señalar “el avasallamiento” que constituye de por sí para la autonomía de la Provincia el hecho de que una materia que le es propia, como la salud, haya llegado a ser cuestionada a nivel nacional.
Con el aval de Vidal, Quintana negocia el desembarco de Farmacity en la Provincia