Una vez más, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, actúa en total sintonía con el Gobierno, y a pesar del escándalo que protagonizó hace cuatro meses el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recién ahora emitió un dictamen sobre aquella bochornosa situación, y lejos de sancionar al funcionario, sólo cuestionó su ética, lo retó sutilmente y hasta le dejó un consejo…
“En lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción”, fue la recomendación para el jefe de la cartera laboral.
Y algo más: “En un momento institucional donde la ética y la transparencia se señalan como valores fundamentales de la gestión de gobierno, las autoridades deben no sólo actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio sino proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento, a fin de no debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, señala el dictamen.
De esta manera, Alonso da por cerrado el “caso Triaca”, a pesar de las gravísimas faltas cometidas en relación con Sandra Heredia, empleada en la quinta de la familia y colocada a dirigir el SOMU, además de haber sido blanco de insultos y maltratos personales por parte del funcionario.
Por aquel escándalo, el ministro estuvo a punto de ser despedido del gobierno, pero finalmente lo mantuvieron en el cargo, salieron corporativamente a “defenderlo” desde el gabinete, y hasta el propio presidente Mauricio Macri lo justificó ante la opinión pública.
Según el documento dado a conocer en las últimas horas, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resolvió hacer saber a Triaca que “debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso (art. 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)”.
Agrega Laura Alonso que “quienes ejercen funciones públicas tienen el imperativo y la responsabilidad de respetar pautas y deberes de comportamiento ético” y que, según el artículo 9º del Código de Ética, “el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad” y que por eso, “debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”, explica el documento que le enviaron al ministro y al presidente, Mauricio Macri.