El último informe anual elaborado por la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires reveló que durante 2017 se registraron un total de 733 casos de tortura y tratos inhumanos cometidos por agentes de la Policía o por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
A lo largo del año pasado se recibieron 733 casos, organizados bajo cuatro indicadores: “tortura/trato inhumano”, “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa” y “obstaculización de la defensa”.
Unos 682 casos corresponden a hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los cuales, según los registros, 297 fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial además del Defensor.
En el año 2017, 456 hechos de tortura o tratos inhumanos habrían sido cometidos por funcionarios de la policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones.
La modalidad más repetida son golpes (383 casos). Se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana (paso de corriente eléctrica), 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles. Sólo unos 145 casos fueron comunicados a otros funcionarios y 311 optaron por mantenerlos en reserva con su defensor, en la mayoría de los casos manifestando temor a represalias.
En cuanto a los casos del Servicio Penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se registran 45 casos de aislamiento como modo de tortura, 5 casos de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles. De los 163 casos, fueron comunicados 127 y los restantes 36 se mantuvieron confidenciales.
En niños (tomando los casos totales) se relevaron 158 casos. En sólo 41 del total relevado, las víctimas accedieron a que su defensor pusiera el hecho en conocimiento de otros funcionarios.
Repudio
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció esta semana que existe un “colapso” del sistema carcelario bonaerense, con condiciones de “hacinamiento, torturas y falta de acceso a la salud” en la mayoría de los lugares de encierro.
A través de un comunicado, el organismo de derechos humanos provincial expresó su preocupación por la “insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses”, al tiempo que cruzó las declaraciones del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien había asegurado que “sacar a los delincuentes de la calle significa que en lugares donde tiene que haber 15 haya 30, pero prefiero sacarlos de la calle y después ir resolviendo dónde los vamos a ir alojando paulatinamente”.
“Esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado”, dijeron desde el organismo.
Según la CPM, “el sistema de encierro está colapsado”. En ese marco, indicó que en abril de este año se registraron 45 mil personas detenidas en cárceles y comisarías, y aseguró que solo existen 21 mil plazas en el sistema que, además, “no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos”.