Malos tratos, insultos y falta de información, que se agravan en el caso de las mujeres encarceladas, son los rasgos característicos de la violencia obstétrica sufrida por miles de mujeres en la Provincia, una problemática que queda en evidencia con las denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo bonaerense, pero que por el momento no se tradujo en sanciones ni en políticas de fondo para frenar esta situación.
En el marco de la Semana del Parto Respetado, el organismo que conduce Guido Lorenzino informó que durante 2017 recibió 112 denuncias vinculadas a la vulneración de derechos durante el embarazo y el parto; el 54% de estas presentaciones corresponde a hechos ocurridos en hospitales públicos, mientras que el 46% refiere al sector privado.
Los casos más frecuentes que se denunciaron fueron la falta de información a las mujeres embarazadas; maltrato verbal y psicológico; prácticas médicas invasivas y la imposibilidad de estar acompañadas durante el parto.
La violencia obstétrica es una modalidad de violencia contra las mujeres. Según las leyes 25.929 de “parto respetado” y 26.485 de “protección integral a las mujeres”, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y sucede durante el embarazo, el parto o el puerperio.
Si bien existe una ley nacional, la provincia de Buenos Aires no cuenta con legislación propia que adhiera a esa norma. Uno de los pedidos que se viene realizando desde el Organismo es es, justamente, la adhesión y reglamentación de la ley, con la participación de distintos sectores tales como colegios de profesionales de la salud, ámbitos universitarios de formación, obras sociales, ONGs y la propia Defensoría.
“La violencia obstétrica aún no se considera un delito. Si hay mala praxis, sí, porque ese daño si está contemplado. Pero, por ejemplo, una cesárea innecesaria es algo que se avala a pesar de las consecuencia múltiples que tiene”, explican desde el Observatorio de Violencia de Género la Defensoría.
A propósito de esto, el organismo advirtió sobre la necesidad de que el ministerio de Salud de la Provincia defina un procedimiento administrativo para garantizar el cumplimiento de los derechos de la ley de parto respetado y que permita sancionar a los profesionales y efectores de salud de hospitales públicos y privados que los vulneran.
Ante este vacío institucional, la Defensoría se constituyó como organismo que recibe denuncias por violencia obstétrica. Para ello se implementó un protocolo de recepción de casos, con el fin de atender y acompañar a las víctimas y realizar el seguimiento de las quejas.
Malos tratos, insultos y falta de información
A partir de las denuncias que llegaron, el Observatorio identificó algunas prácticas recurrentes, realizadas en los servicios de toco ginecología y obstetricia del ámbito público y privado, que fueron denunciadas como violencia obstétrica.
En todos los casos han existido agresiones verbales por parte de los efectores de salud: desde retos, burlas, insultos, ironías, hasta amenazas y humillaciones.
Un problema habitual es la falta de información a las pacientes, lo que significa una imposibilidad para que las mujeres decidan las mejores alternativas para llevar adelante el embarazo y el parto. En algunas oportunidades se les ha negado el acceso a su historia clínica y hasta se han adulterado las mismas.
En muchas ocasiones se advirtió la imposibilidad de las mujeres de estar acompañadas en el parto por alguna persona de su confianza. La ley en este punto clara: toda mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, parto y postparto.
Se registraron además intervenciones que vulneran la intimidad de las pacientes, como prácticas de raspados o tacto en salas comunes, exponiéndolas no sólo a condiciones no asépticas, sino también a la exhibición de su cuerpo y genitales.
En algunas circunstancias, las actuaciones de los profesionales no han respetado los lineamientos del Programa sobre Salud Reproductiva del ministerio de Salud provincial ante consultas de aborto y/o post aborto, y no han contemplado la contención psicológica de las pacientes.
Otra de las prácticas más frecuentes es la imposibilidad de elegir la posición en la que se encontrará la mujer al momento del parto. También se han relevado impedimentos para que puedan moverse, comer o beber durante el trabajo de parto.
Violencia obstétrica en mujeres encarceladas
Entre las denuncias que llegaron a la Defensoría se ha corroborado que durante la permanencia en hospitales públicos las mujeres encarceladas se encuentran con grilletes, incluso en el momento del amamantamiento. Por disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense, no pueden ser acompañadas por alguna persona de su confianza sino que sólo puede hacerlo personal penitenciario.
En reiteradas oportunidades se les ha negado inclusive el contacto con sus hijos recién nacidos: la mayoría de ellas son trasladadas a las unidades penales mientras sus hijos permanecen en el hospital.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo bonaerense está realizando una investigación conjunta con la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre violencia obstétrica en mujeres encarceladas para avanzar en el estudio del tema.