Para cubrir la falta de armamento reglamentario debido a las restricciones presupuestarias, a partir de ahora los efectivos de Gendarmería estarán autorizados a usar sus armas particulares en acciones de servicio.
Así lo autoriza una norma interna de la fuerza, y que lleva la firma del director de Gendarmería, comandante general Gerardo Otero. En esa resolución, se anula una prohibición que regía desde 2013 como parte de un plan iniciado el año anterior que, bajo el nombre de “Programa sobre el Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego”, regía para las fuerzas de seguridad.
“La institución enfrenta una falta en los recursos materiales como el armamento de puño de propiedad institucional, por lo que resulta dificultosa la provisión al personal, a fin de realizar los correspondientes actos de servicio”, señala la disposición, que se basa en la vigencia de la “emergencia de seguridad pública” decretada en 2016 por Mauricio Macri.
Según informa Ambito.com, el articulado se limita a derivar a áreas internas de la fuerza la habilitación de un sistema de registro, control y seguimiento de las armas particulares, así como de una base de datos. Desde el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se negaron a brindar más precisiones sobre esta medida.
Para Nilda Garré, ex titular de esa cartera y responsable del programa que limitaba el uso de armamento personal, es “muy errada e injustificada” la medida, y recordó que “la mayor cantidad de muertes de policías y miembros de las fuerzas se produce cuando están fuera de servicio, pero van armados e intentan repeler un asalto”.
“Con esta decisión de Bullrich –sostuvo la actual diputada nacional- no sólo no se busca limitar las armas, sino que además se autoriza el uso de las personales, en la dirección contraria a la que debería impulsarse”.
Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello, titular de la unidad especial Armas, consideró “lamentable que se habilite el uso de armas particulares porque no hay plata”, pero admitió que la mayoría de los efectivos tiene ese tipo de material en sus casas, y al menos “esto habilitará un registro que evitará cualquier desvío y va a permitir rastrear” el armamento.
En cambio, para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la medida hará “más débil el control y la trazabilidad” del armamento y la munición de los gendarmes y encierra como riesgo adicional la pérdida de distinción “entre lo público y lo privado”, dijo Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional.
Agregó que “en los últimos años se tomaron medidas que apuntaron a limitar el uso de la fuerza letal. Pero este Gobierno parece ir en sentido contrario, tanto por los mensajes políticos de apoyo a efectivos sin esperar que la Justicia se expida, hasta medidas como esta, que para nosotros es complicada porque de alguna manera borra la distinción entre lo privado y lo público”.