El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, vuelve a estar en el ojo de la tormenta otra vez. Esta vez no es porque se subió el sueldo o se fue de vacaciones nuevamente sino porque la oposición lo denunció en la justicia por firmar un convenio con una ONG “fantasma”.
Durante la revisión de cuentas de 2017, la oposición constató la existencia de varias facturas de montos elevados dirigidas a una organización llamada Creando Familia y Futuro. A partir de diferentes investigaciones se constató que se trató de una contratación directa y que la ONG cobró 1.169.000 pesos para la supuesta realización de un observatorio municipal de política social que tendría como objetivo generar datos y estadísticas del área para desde ahí poder implementar nuevas políticas de desarrollo social. Pero nadie sabe nada de la ONG, ni del observatorio.
Y en los domicilios fiscales que figuran en las facturas -uno en Vicente López y otro en Capital Federal- vive gente que ni siquiera conoce la ONG.
Ducoté manifestó que “si uno va a la Inspección General de Justicia (IGJ) y hace una revisión de cualquier ONG en la Argentina, ve que muchas veces los domicilios fiscales no son los mismos que los operacionales, de hecho se pueden identificar unas cuantas acá en Pilar, que quizás tienen el domicilio de la casa de alguien. Por eso lo importante es que se haga el trabajo por el que se pagó”.
Paula González, concejal del Frente Pilarense, sostuvo en diálogo con Ámbito que “pedimos informes al área de desarrollo social y también los detalles del caso: trayectoria, quienes la integran. Dicen que este observatorio funcionó en 2017 y nadie sabe nada. Ducoté corrió el foco. No dio explicaciones, ni respuestas a la gente. Sigue sin explicar el trabajo que realizó la ONG, los domicilios, ni siquiera tiene página web. No hay alguien que conozca qué trabajos hizo esta ONG dentro o fuera del distrito”.
Agregó que “quisimos saber más al respecto y se nos obstaculizó. Pudimos ver cierta parte. El municipio de Pilar está firmando constantemente convenios con ONG. Los convenios marco pasan por el Concejo Deliberante, pero los convenios específicos no los podemos ver. Quedan librados al Ejecutivo”.
La denuncia, presentada por la oposición en la fiscalía general de San Isidro, ya pasó por sorteo a la fiscalía de San Fernando.