Más de 1.200 casos de financistas fantasma identificados, 94 % de los supuestos contribuyentes afiliados al PRO y aportes bajo sospecha que superan los $ 45 millones, son los principales datos que surgieron como resultado del millón y medio de búsquedas y de las millones de interacciones en las redes sociales y la web sobre el alcance de los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos.
Así lo reveló anoche “El Destape”, en la emisión por su portal de Internet, donde se mostró en exclusiva el listado de afiliados al PRO y lo comparó con los falsos financistas de campaña, habiéndose detectado miles de militantes falsos a los que le falsificaron la firma y los hicieron pasar como aportantes para la campaña encabezada por Esteban Bullrich y Gladys González (como candidatos a senadores) y Graciela Ocaña, al frente de la lista de diputados de Cambiemos.
Sobre un muestreo de los primeros 1.200 casos relevados, 1.128 están afiliados al PRO, que preside la gobernadora María Eugenia Vidal, según el padrón oficial que entregó la fuerza a la Cámara Nacional Electoral. Otro de los datos llamativos que apareció en la investigación que encabeza el periodista Juan Amorín, no es sólo la gran cantidad de efectivo que se recaudó ($7 6.373.000) ni la de aportantes sino también la enorme cantidad de aportes que hicieron: según informó Cambiemos, 4.511 personas realizaron 12.066, es decir, más de tres aportes cada uno.
Precisamente, a medida que avanza la investigación, los datos comprometen cada vez más a la mandataria bonaerense, y tal como lo reveló días atrás INFO 135 podrían inhabilitar de por vida a Vidal
Además, “El Destape” logró desglosar la afiliación política de cada uno de ellos, y el resultado fue sorpresivo: los afiliados al PRO aportaron $45.486.100. Es por eso que la Justicia, que ya comprobó que el 99 % de los primeros 200 casos señalados figuran empadronados en el partido de Vidal, tiene en la mira el origen de ese dinero.
De confirmarse esto, las consecuencias para la gobernadora de la Provincia podrían ser las peores: como presidenta del PRO, enfrentaría una condena que podría dejarla inhibida de participar para ocupar o ejercer cargos públicos por entre 6 meses y 10 años, tal como establece la propia ley de Financiamiento Electoral. Y la misma suerte correría su ahora ex Contadora General y Tesorera del PRO, María Fernanda Inza.
Pero eso no es todo: el PRO podría perder el sello y la personería en Buenos Aires, teniendo en cuenta que tiene un altísimo porcentaje de afiliados falsos, a los que no sólo les debió falsificar la firma y los datos para empadronarlos, sino que también los hizo participar de la campaña financiera, anotándoles generosas contribuciones a personas humildes que viven en villas y barrios humildes del conurbano bonaerense.