No le será fácil al juez federal con competencia electoral, Adolfo Ziulu, quedarse con la causa de los aportantes truchos. Sus colegas del fuero penal, Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak, prometen dar pelea por la competencia por entender que el escándalo no se agota en una mera violación al Código Electoral, como pretende Cambiemos y, en especial, la presidenta del PRO, la gobernadora María Eugenia Vidal.
Ziulu emitió una resolución el miércoles en la que se declaró competente para investigar el caso y pidió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, como al Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. que le remitan las actuaciones y que, si no están de acuerdo, vayan a la Cámara Electoral para que dirima de quién es la competencia.
Ninguno de los dos jueces todavía rechazó el pedido, pero dieron pasos que indican que es una formalidad que cumplirán en los próximos días. Casanello ya abrió la investigación que comenzó con una denuncia de La Alameda en base a la investigación de Juan Amorín en El Destape. Fuentes judiciales informaron que el magistrado le va a correr vista a fiscal Carlos Stornelli, que ya dictaminó con anterioridad que esa causa debía investigarse en Capital Federal. Los argumentos que esgrimirían para que la causa quede en el Juzgado N°7 son que el expediente investiga a organismos nacionales como la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, y que se investiga la posible comisión de delitos federales como falsedad ideológica y lavado de dinero.
En tanto, en La Plata, Kreplak sumó otros tres querellantes al expediente y allanó oficinas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia en busca de información de la regional platense de la Fundación Pensar y de su presidente, Eduardo Di Marco, señalado por un denunciante en el expediente como presunto responsable de la utilización de sus datos.
Los nuevos denunciantes son Claudia Arcioli, de Lomas de Zamora; Sandra Bosch, de Moreno y Gustavo García, de Vicente López, todos afiliados al gremio docente SUTEBA que encontraron sus nombres en los listados de aportantes y que aseguran que no pusieron un peso. También descubrieron que están afiliados al PRO sin consentimiento. Por eso pidieron que se allane la sede bonaerense del partido que preside Vidal y la denuncian a ella, a la tesorera María Fernanda Inza y los responsables económicos del partido Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte, pero también a los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor “Toty” Flores y los responsables económicos de la Alianza Cambiemos, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin.
Los tres docentes se suman al grupo de beneficiarios de planes sociales de Villa Itatí, Quilmes, quienes ya declararon ante Kreplak. La defensa adelantó a Info135 que también rechazará la competencia de Ziulu y pedirá que la causa sigue en manos del fuero penal. “Son cuestiones distintas: que Ziulu investigue lo electoral, nosotros denunciamos una serie de delitos penales que no sólo se refieren a los aportes falsos sino también a las afiliaciones falsas y eso es lo que debe investigar Kreplak”, sostuvo el abogado Luis Hipólito Alén, quien patrocina a los falsos aportantes quilmeños. Entre esos delitos están: falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falsificado y lavado de dinero.