La situación social en la provincia de Buenos Aires está en llamas. Ya los medios hegemónicos no pueden tapar la difícil situación que viven los bonaerenses. Más allá de la puesta en escena de un nuevo timbreo del presidente, la gobernadora y dirigentes de Cambiemos, el tema de caminar la calle se les complica, como sucedió con José Torello, el dirigente más cercano al presidente, en Tigre donde las vecinas les gritaron “mangas de atorrantes, váyanse de acá”.
Esta mañana en un reportaje en radio La Red, la gobernadora se refirió al ataque de la docente de en Moreno pero le echo la culpa al intendente de Moreno, Walter Festa. “Es un distrito de enorme desgobierno, en el que el Estado no está presente”, afirmó. Luego sostuvo que el jefe comunal “recibió 300 millones en dos años y no invirtió un peso”. Criticó el hecho de que “no hubo inversión” y que “se trataba de fondos específicos para educación”. Agregó que el municipio “no pudo dar respuesta” y por eso “intervenimos el Consejo Escolar por irregularidades y corrupción”.
Claro, la gobernadora omitió decir que hace un año esta intervenido el Consejo Escolar en manos de Cambiemos y que los hechos de la explosión de gas en la escuela 49 -le costo la vida a dos docentes- y la docente torturada fue bajo su responsabilidad y no la del intendente.
También se olvido de mencionar las escuelas no tienen clase en Moreno, de ahí las ollas populares, porque no solucionan los problemas de infraestructura en miles de escuelas bajo responsabilidad de su gobierno.
Paralelamente se conoció que un agente de la Bonaerense golpeo y torturó a un chico de 9 años, con discapacidad mental, y amenazó a su madre que no hiciera la denuncia en Mar del Plata. Esta gravísima situación es para la Comisión Provincial por la Memoria un hecho vinculado con “las constantes habilitaciones por parte del poder político para la brutalidad policial”.
Matias, un niño marplatense de nueve años con discapacidad, jugaba en la vereda de su casa junto a su hermano de doce. Un agente de la Policía Bonaerense que circulaba con un patrullero por el barrio confundió el arma de juguete del chico, estacionó, descendió del vehículo y lo golpeó brutalmente. Su mamá escuchó los gritos desde adentro de la casa y pudo intervenir. Vio al niño reducido en el suelo: el policía lo ahorcaba con una remera.
Ante la intervención, el uniformado se dirigió a la mujer para amenazarla: “agradecé que no me bajé del auto con el arma”. Y responsabilizó del hecho a la mamá: le dijo que tenía que enseñarle al nene que no se debe apuntar a un policía. “Las armas de juguete no están prohibidas ni es delito jugar con ellas, cuestión que parece desconocer el agente público”, aclararon desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que repudió lo sucedido. La paliza le produjo a Matías varias heridas y excoriaciones. La excusa esgrimida desde la Comisaría es que se trató de una “acción protocolar”.
Desde hace tiempo, los intendentes peronistas de la provincia vienen reclamando que la gobernadora declare la emergencia económica, social y Alimentaria, pero no hay respuesta del ejecutivo provincial.