De a poco nos vamos enterando del presupuesto que presentó el gobierno nacional, monitoreado antes por el FMI, con recortes por todos lados. Según el nuevo proyecto presentado quienes tienen 65 años y no lograron completar los 30 años de aportes, tendrán acceso restringido en lo que se llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), lo mismo si desempeña cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia.
En la actualidad esa restricción no existe, sino que la prestación surgió con la consigna (entre otras) de ser útil para quienes, al tener aportes pero no en la cantidad suficiente, pudieran acceder temporalmente al cobro y, a la vez, ir reuniendo los requisitos para después solicitar el beneficio de jubilación completo.
La PUAM, una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo (hoy es de $6909), fue creada a mediados de 2016 por la ley 27.260. Para acceder a su cobro se fijaron los requisitos de tener 65 años como mínimo (igual edad para varones y mujeres), y de ser argentino natural, por opción o naturalizado (en este último caso, con una residencia legal mínima en el país de diez años) o ser extranjero con residencia legal mínima acreditada de 20 años.
El PUAM había nacido en el año 2016 para terminar con la moratoria que había establecido el gobierno anterior para que todos aquellos adultos mayores puedan jubilarse. La idea de Cambiemos había sido que los
los trabajadores, al llegar a la edad establecida, pudieran acceder a un cobro mensual y, al mismo tiempo, seguir aportando para llegar en algún momento (dependiendo de la cantidad de tiempo en que cada uno estuvo trabajado en blanco) a reunir los aportes necesarios para pedir la jubilación completa.
Durante un año y medio no se inhabilitó a pedir la prestación a quienes cumplieran ya con las exigencias para el retiro y optaran por demorar el trámite de solicitud de su jubilación completa. Pero, en febrero de este año, un decreto estableció que solamente quienes no reunieran 30 años de aportes podrían acceder al beneficio. Según el último Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social, a marzo de este año había 78.119 personas cobrando este ingreso.
La intención del gobierno es que la mayor parte de los argentinos no se jubilen. De allí que en otros de sus artículos, la iniciativa busca disponer una reducción de las nuevas jubilaciones y prensiones contributivas y no contributivas que el sistema previsional nacional, bajo la gestión de la Anses, otorga a personas que viven en la región patagónica.
Actualmente se aplica un diferencial por el cual los montos que rigen para el resto del país se multiplican por 1,4 para quienes residen en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones. La propuesta es bajar ese coeficiente a 1,20 para los haberes “que no superen dos veces el haber mínimo”.
Mientras que eso propone el artículo 125 del texto del proyecto, el 126 busca establecer que lo que cobran con el régimen del 1,40 “o hayan pedido ya el beneficio, mantendrán el derecho a la bonificación precitada en tanto se cumplan las condiciones y requisitos previstos para su acceso”.