“Si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de “La ruta del dinero K” debió ser denominada “La ruta del dinero M”. Así, de manera contundente, Cristina Kirchner se refirió a través de un extenso escrito a la citación del juez Sebastiás Casanello, en el marco de la causa que se conoce como “la ruta del dinero K”.
En tanto, sostuvo que “la familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (vgr., Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta”.
Y desafió: “podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”.
La ex presidente concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la indagatoria, oportunidad en la que no respondió preguntas, y se limitó a presentar un escrito en el que advirtió sobre la irregularidad de su convocatoria y remarcó que es “una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses”.
Algunos de los principales tramos del escrito que CFK presentó ante el juez Casanello:
En el día de la fecha comparezco ante este Juzgado a efectos de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que los medios de comunicación hegemónicos han denominado “La ruta del dinero K”.
Sin embargo, esta citación (la octava que debo cumplir siempre en este edificio de Comodoro Py) reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por decisión del Presidente Mauricio Macri por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional.
Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.
En suma, una vez más, me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un “proceso ofensivo” en el cual, como señala Beccaría en su reconocida obra De los delitos y de las penas, en lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso.
Sin embargo, lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido.
Ello no es una elucubración de mi parte, sino ha quedado debidamente documentado en la causa cada vez que el Poder Ejecutivo de la Nación -a cargo de Mauricio Macri-, por medio de los dos órganos constituidos en parte querellante (la UIF y la OA, esta última a cargo de la no abogada Laura Alonso), intentó forzar tal decisión.
Ahora bien, como ha quedado debidamente registrado en autos, me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder.
Por el contrario, tales investigaciones que tuvieron una extraordinaria importancia en otros países, produciendo incluso la renuncia de un primer ministro, fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno.
Por otro lado debo destacar que jamás fui cliente de “La Rosadita” (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un “aportante financiero arrepentido” al Frente para la Victoria.
Debo agregar que la familia Kirchner jamás compró o utilizó autos de alta gama. El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadío de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009 y, aunque parezca grotesco, tal apoderamiento ha sido calificado por la prensa autodenominada independiente como el recupero por parte del Estado de los valiosos bienes producto de la corrupción.