En momentos en que el presidente Javier Milei avanza con decisiones que generan una fuerte controversia —como la autorización para que una compañía de capitales ingleses e israelíes explore petróleo en el Mar Argentino y las críticas por la cesión de recursos estratégicos a intereses extranjeros—, la exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una de las acusaciones más duras desde el inicio de la gestión libertaria.
Carrió sostuvo que el mandatario incurre en “traición a la Patria, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz del discurso que pronunció en el Foro Económico de Davos.
A través de una carta dirigida al Presidente y difundida en sus redes sociales, la dirigente advirtió que las expresiones de Milei vulneran la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. “En sus discursos no habla a título personal, sino en su carácter de jefe de Estado argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional”, afirmó.
La carta completa
“Me dirijo a Ud. en mi carácter de ex Convencional Constituyente, autora del texto del artículo 75, incisos 22 y 23 de nuestra Constitución, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte desde el regreso de la democracia, como ciudadana de esta Nación y como defensora, desde hace muchos años, de los derechos humanos”, comienza el documento.
Carrió señaló además que el discurso pronunciado por Milei en Davos “me exige manifestar el más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo elegido democráticamente”.
La exlegisladora remarcó que “sus discursos, sus publicaciones en redes sociales y cualquier comentario en un medio de comunicación no los hace a título personal, sino en su carácter de jefe de Estado y, por lo tanto, deben respetar la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes”. También sostuvo que, cuando ello no ocurre, “ese acto presidencial carece de legalidad y deviene en un acto de hecho contrario al artículo 36 de la Constitución Nacional”.
En ese marco, dejó abierta la posibilidad de promover acciones judiciales por la presunta comisión de los delitos de traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. “Usted no puede ni debe apartarse de la Constitución, aunque no le guste. Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu y la letra de la Constitución y de los tratados de derechos humanos así lo demuestran”, concluyó.
Las declaraciones de Elisa Carrió tienen un peso político particular porque provienen de una dirigente que históricamente mantuvo una posición crítica tanto del kirchnerismo como de distintos gobiernos. Cuando una referente con ese recorrido habla de “traición a la Patria” y anticipa denuncias judiciales contra el Presidente, el problema deja de ser una disputa partidaria para transformarse en una seria advertencia institucional. Mientras el Gobierno desestima las críticas y profundiza su rumbo, las acusaciones ya no llegan únicamente desde la oposición peronista: ahora también surgen de quienes, durante años, hicieron de la defensa de la República su principal bandera.