La provincia de Buenos Aires enfrenta una nueva demanda en un tribunal de Nueva York por una deuda emitida durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal: esta vez, por un fondo europeo que apostó a no entrar en la reestructuración de deuda de 2021 y ahora reclama cobrar la totalidad de lo adeudado.
Se trata de la firma alemana Daniels Invest GmbH, que acaba de presentar una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por dos series de bonos que quedaron fuera de aquel canje: títulos por un valor nominal original de 15,1 millones de euros y 2,6 millones dólares. El fondo exige ahora 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
Daniels Invest tuvo la misma oportunidad que el resto de los acreedores para sumarse al canje bonaerense, pero optó por rechazar la propuesta provincial en su momento. La estrategia de estos llamados “fondos buitre”, apuesta justamente a eso: esperar a que la mayoría acepte una quita o una extensión de plazos para después litigar por el cobro íntegro de lo pactado originalmente, sin las condiciones que aceptó el resto.
La demanda podría convertirse en un caso testigo ya que otros acreedores que tampoco aceptaron el canje de 2021 seguirán de cerca la estrategia que adopte el Gobierno bonaerense. Si el Ejecutivo decide cerrar este expediente mediante un acuerdo, como ocurrió con otros litigios, el antecedente podría alentar nuevas presentaciones de fondos que eligieron permanecer al margen de la reestructuración y ahora buscan cobrar por la vía judicial.
El expediente vuelve a poner el foco en el origen del problema: entre 2016 y 2017, bajo la gobernación de la ex orgullosamente bonaerense, María Eugenia Vidal, la Provincia salió a emitir bonos por más de 5.000 millones de dólares en el mercado internacional. Esa deuda, contraída en moneda extranjera mientras los ingresos provinciales siguen denominados en pesos, quedó expuesta de lleno con las devaluaciones de 2018 y 2019: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019.
Fue recién en 2021, es decir en la gestión de Axel Kicillof, con Pablo López al frente del Ministerio de Hacienda bonaerense, que la Provincia logró reestructurar esa carga: la operación abarcó once bonos y una deuda elegible de 7.178 millones de dólares más intereses, equivalente al 68% del stock provincial, con una adhesión del 98%, liberando así recursos por más de 4.600 millones entre 2021 y 2027, según estimó en su momento el propio gobierno provincial.
Lo llamativo del caso es la desproporción: mientras el 98% de los acreedores aceptó condiciones más favorables para la Provincia, un puñado de fondos que rechazaron esa oferta ahora litigan en Nueva York por el cobro pleno de bonos relativamente menores, una lógica que —más allá de cómo termine resolviéndose este expediente puntual— ya le costó litigios prolongados y costosos a la Argentina en la última década.
Cada litigio de este tipo repone en la agenda pública el costo real de la deuda tomada en dólares y euros durante la segunda mitad de la década pasada, un pasivo que sigue condicionando el margen de maniobra fiscal de la Provincia y, por lo tanto, la disponibilidad de recursos para obra pública, salud y educación en distritos como La Plata, que dependen en gran medida de las transferencias provinciales.