El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció hoy penalmente por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” al secretario de Energía, Javiera Iguacel, a raíz del decreto en el que carga sobre las tarifas de gas unos $ 10 mil millones para compensar la devaluación del peso en el pago a las empresas distribuidoras, como consecuencia de la suba del dólar.
Además, en el escrito de denuncia el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos.
Marijuan considera que el funcionario es “prima facie” autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Apenas conocida la denuncia, Iguacel defendió esta tarde la medida: “La ley está clara que el productor tiene el derecho por el contrato que tiene y la distribuidora tiene el traslado. Nos hubieran llovido los juicios”, argumentó, consultado sobre si el Gobierno podría haber hecho algo por evitarlo. Y agregó que “para morigerar ese impacto, que sigue siendo duro, lo que hicimos fue que sea en 24 y no en 6 meses. Así, la cuota promedio para resolver este problema es de $ 90. En 6 meses, hubiera sido 4 veces más”, explicó.
“Lo que pasó fue que los productores le facturaron en pesos a las distribuidoras montos que los distribuidores no le refacturaron a los usuarios”, explicó el funcionario en diálogo con el programa radial Lanata Sin Filtro. “Lo que dice la ley de gas es que no es un problema del distribuidor, el distribuidor compra y le traslada eso al usuario. Y no puede ganar o perder con eso”, se defendió.
Por su parte, el fiscal sostiene que “si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.
En tal sentido, el funcionario judicial precisó que la resolución alcanza a períodos que ya fueron pagados por los usuarios, por lo que si se habilitara una suerte de compensación sobre períodos ya transcurridos, se alteraría el principal efecto jurídico que tiene la cancelación de obligaciones.
Tras conocerse este decreto que autoriza a las distribuidoras de gas a cobrar un aumento “extra” por la suba del dólar, y que se pagará en 24 cuotas a partir de enero de 2019, legisladores de Unidad Ciudadana y el PJ salieron rápidamente a desactivar la iniciativa a través de diversos proyectos en la Legislatura Bonaerense y el Congreso.
En tanto, y por la vía judicial, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Diversidad (CEPIS) presentó esta mañana un amparo colectivo ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
La acción interpuesta por el organismo determina la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía. Y plantea que “el aumento extra, en cuotas y con tasas de interés de la tarifa del gas no cumple con el procedimiento de audiencia pública”.