A través de un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el gobierno nacional cerró la posibilidad de investigar administrativamente la deuda del Correo Argentino, empresa de la familia Macri, que por $ 70 mil millones mantiene con el Estado.
La maniobra del gobierno nacional se comenzó a gestar hace casi un mes, cuando Mauricio Macri se excusó de intervenir en cuestiones relacionadas al Correo por “conflicto de intereses”, y delegó estas decisiones en su vicepresidenta Gabriela Michetti.
Así, con el argumento del “decoro, delicadeza y transparencia”, el presidente anunció que se alejaba de una decisión polémica que podría haberlo puesto nuevamente en el blanco de las críticas, como ocurrió cuando debió ordenar volver a “foja cero” el acuerdo con el Correo.
De esta manera, que se haya cerrado la instancia administrativa implica que sólo quedará la causa judicial, impulsada en soledad por la fiscal Gabriela Boquín, quien en su momento se opuso a la condonación de la multimillonaria deuda.
En el decreto 907 se señala que la investigación administrativa no debe continuar ya que, por pedido del presidente, se había declarado la nulidad de ese acuerdo.
“El agravio relacionado con la declaración de nulidad de todo lo actuado en el sumario desde la clausura de la investigación efectuada, a fin de continuar con la pesquisa y las medidas probatorias, no puede prosperar”, consigna la resolución.
El fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había pedido a la Procuración del Tesoro que investigara el rol de funcionarios de Ministerio de Comunicación, entonces a cargo de Oscar Aguad, quienes aceptaron la escandalosa propuesta de pago de deuda por parte del Correo (con una quita de casi el 100%).
“Recházase el recurso jerárquico interpuesto por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas contra la Resolución 40 del 3 de mayo de 2018 de la Procuración del Tesoro de la Nación, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente medida”, señala el decreto. Y agrega: “Hágase saber al recurrente que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa”.