Agentes de inteligencia, policías, autos blindados, cámaras de seguridad, aeropuertos cerrados, radares, lanchas rápidas surcando el río, helicópteros sobrevolando la ciudad de Buenos Aires y jueces con el teléfono abierto las 24 horas… Esos serán algunos de los recursos de los que dispondrá el Gobierno para la cumbre del G20, que entre el próximo 30 de noviembre al 1° de diciembre convertirá a la Capital Federal en una auténtica fortaleza sitiada por aire, mar y tierra.
Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el objetivo apunta a disuadir las protestas que amenazan con calentar el clima previo a diciembre, mediante un operativo de seguridad inédito con más de 25.000 efectivos y las fuerzas armadas vigilando el espacio aéreo sin participar de la seguridad interior.
En tanto, el Gobierno realizó dos licitaciones para cubrir los gastos por un total de casi $1.500 millones. El primer contrato, de $437 millones, fue destinado a las 55 reuniones de los grupos de afinidad y representantes ministeriales realizadas entre el año pasado y 2018. El segundo, concretado el del 4 de mayo pasado, contempló $750 millones a la organización de la cumbre, aunque el último 8 de octubre se amplió un 35%, con fondos adicionales por $262 millones.
El objetivo es garantizar la logística y la seguridad a las delegaciones de 19 países que participarán del evento en Argentina, a cargo de la presidencia del grupo de países. En el predio de Costa Salguero, que será sede del evento, estarán los mandatarios más poderosos del planeta, como Donald Trump (Estados Unidos), Angela Merkel (Alemania), Emmanuelle Makron (Francia), Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) y Michel Temer (Brasil), quien estará acompañado por el presidente electo, Jair Bolsonaro.
El escenario previsto es de fuertes manifestaciones como las de junio del año pasado en Hamburgo, Alemania, en donde se realizó la última cumbre, donde se registraron violentos enfrentamientos con la policía, que terminaron con destrozos, allanamientos y detenciones a lo largo y ancho de Europa.
“Hubo protestas, va a haber protestas, y muchos líderes sociales y sindicales anunciaron protestas; el tema es que no rompan nada”, explicaron fuentes de la Unidad del G20, el área encargada de la organización a cargo de Hernán Lombardi. El despliegue en marcha ya generó la reacción de organismos de derechos humanos como el CELS y Correpi, que ven en la política de seguridad señales preocupantes de “militarización” de la seguridad interior, junto con la “criminalización” de la protesta social.
Además de los grupos anarquistas y “globalifóbicos”, entre los que se encuentran “Cierren el G20”, “Bienvenidos al infierno” y “Bloque Negro” (Black Bloc), la mira de las autoridades estará puesta sobre los movimientos sociales, los partidos de izquierda y los sectores duros de la CGT, que exigen un paro general de 36 horas para el 27 de noviembre en la antesala del G20.
Como parte del amplio operativo de seguridad, el Gobierno dispuso que el 30 sea feriado en la Ciudad y el cierre del aeroparque Jorge Newbery, que entre el jueves 29 de noviembre y el sábado 1 de diciembre será de uso exclusivo para las comitivas oficiales, en tanto que todos los vuelos de cabotaje pasarán al aeropuerto internacional de Ezeiza. Durante esos días también permanecerán cerrados los aeropuertos de El Palomar, Morón y San Fernando.
Incluso, para limitar posibles desmanes, el plan oficial es que haya una especie de “protestódromo”, una zona delimitada dentro de la Ciudad en donde estarán habilitadas las manifestaciones “sin violencia” y bien alejado de Costa Salguero.
El predio de 40.000 metros cuadrados fue elegido por su ubicación estratégica: es de difícil acceso y está pegado al río, una vía posible de escape. Para llegar al perímetro, habrá que sortear tres anillos de seguridad y solo estarán habilitados vehículos oficiales. “No vamos a permitir caras tapadas, ni mochilas con piedras”, advirtió la ministra Bullrich en los últimos días.