Los ministros y legisladores de María Eugenia Vidal trabajan a contrarreloj con la oposición para acercar posiciones y lograr las manos que necesita para aprobar el presupuesto y la ley impositiva el próximo lunes. Y, en ese camino, la mandataria decidió poner en juego al menos seis cargos para intentar convencer al peronismo dialoguista, a los massistas y también a ex kirchneristas de que le den la mayoría especial que necesita para aprobar el pedido de endeudamiento de 102 mil millones.
Los cargos que están en juego son al menos seis: dos vocalías en el Tribunal de Cuentas que están vacantes y cuatro sillones en el directorio del Banco Provincia. La negociación se da tanto con el Frente Renovador que tiene 12 legisladores en Diputados y dos en el Senado, como con el peronismo “dialoguista” y las bancadas que responden a los intendentes liderados por Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y a través suyo con Unidad Ciudadana.
También hay negociaciones con el flamante bloque Frente Amplio que lidera José Ottavis ya que esos cuatro ex kirchneristas podrían ser claves en caso de que Vidal no pueda cerrar con el massismo o con los intendentes como sí hizo en años anteriores.
La negociación no está nada cerrada pese a que la idea del oficialismo es tratar el lunes el presupuesto. La fecha original para el tratamiento era el viernes y, de hecho, ambas cámaras hicieron la convocatoria formal a sesiones, pero el riguroso operativo por el G20 terminó complicando los planes y la llegada de los legisladores por lo que Cambiemos decidió postergarlo hasta el lunes.
Cambiemos ya tiene un reparto provisorio de los cargos que pone en juego: dos cargos en el directorio del Bapro serían para el Frente Renovador mientras que otros dos serían para el bloque de los intendentes del PJ. En tanto, las vocalías también se repartirían una para cada sector.
El reclamo central de la oposición pasa por los perjuicios económicos que genera el proyecto de presupuesto a los municipios al tener que afrontar alrededor de 13 mil millones de pesos extra por el traspaso de los subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica, más los costos operativos de la CEAMSE. A eso se le suma la disconformidad con la asignación del 100% del Fondo Educativo a obras escolares y el tope del 38% al aumento de tasas.