Por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, y la “posible comisión del delito de tráfico de influencias”, el fiscal federal Federico Delgado solicitó la indagatoria del ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, del actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili y del secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda, Marcelo Eugenio Griffi.
Desde 2016, el fiscal busca establecer si los funcionarios que participaron de la negociación con los fondos buitres cometieron irregularidades. Asimismo, investiga el megacanje de letras del Banco Central por 5000 millones de dólares de febrero de ese año.
En ambos casos resultaron elegidos entre otros el Deutsche Bank, y el JP Morgan Chase, bancos que fueron seleccionados en forma directa por las autoridades económicas. Para la Fiscalía, resulta sospechosa la incidencia de los funcionarios en la emisión de bonos de deuda y la tenencia de ellos.
En su denuncia, Delgado interpretó que por el currículum de Caputo, Quintana, Bausili y Griffi y sus trabajos en el sector privado, precisamente en los bancos que fueron designados para la colocación de bonos de la deuda, surge una confusión de intereses.
El fiscal indicó que de las constancias de la investigación surge que los vínculos entre Caputo y el Deutsche Bank siempre estuvieron vigentes e incidieron en sus decisiones, lo que hizo dividir su lealtad entre los intereses públicos y privados. En la misma posición se encontraría Bausili.
Respecto a Quintana, ocupó ambos roles (público y privado) al actuar como funcionario en la Jefatura de gabinete y comprador de títulos.
“La biografía laboral de los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado, el impacto de su trabajo en el sector público y en el privado nos permite arribar a las primeras conclusiones. De ellas surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación”, precisa en la denuncia.
Y agregó que “esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores”.
Sostuvo Delgado que “algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar”.