Como parte del brutal plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional está empeñado en endurecer el recorte del gasto público, y el próximo paso será avanzar, una vez más, con uno de los temas que más sensibilidad genera entre la población: las pensiones por incapacidad.
Fuentes de la Casa Rosada anticipan que el plan consistirá en llevar adelante una revisión de las pensiones, apuntando a eliminar las que presenten algún tipo de irregularidad. En el Gobierno creen que el recorte será grande y podría alcanzar al 10 % del total, estimando que ese tijeretazo representaría alrededor de $ 8 mil millones.
Hoy, desde sus tapas, tanto Clarín como La Nación vuelven a la carga con este tema, instalando la idea de que detrás de esta cuestión subyace la sospecha de corrupción por parte de los gobiernos kirchneristas, que otorgó pensiones de manera fraudulenta.
El hecho es que una vez más, la administración macrista intentará recortar pensiones por discapacidad, que de hecho es una de las obsesiones de la gestión de Cambiemos en estos más de tres años que lleva en el poder.
Según precisan ambos medios, se publicará una resolución en el Boletín Oficial con el objetivo de exigir a los beneficiarios que vuelvan a demostrar que la pensión les corresponde. En 2016 el gobierno reflotó una resolución del año 1997 que restringe significativamente el otorgamiento de estos derechos, y a partir de allí comenzó a arrebatarlos a miles de personas que venían cobrando regularmente.
Según aquella normativa dictada durante el gobierno de Carlos Menem, para poder cobrar este tipo de beneficios se debe “poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76 %, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos”.
Se trata de un tema espinoso para el Gobierno de Mauricio Macri, porque el antecedente más reciente fue la experiencia fallida de 2017, cuando el por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, ordenó una quita masiva de pensiones por invalidez, sin previo aviso.
Tal fue el revuelo por aquel recorte abrupto de unas 71 mil pensiones, que Badino fue desplazado, el Gobierno debió dar marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis; y en términos políticos de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Por eso mismo, esta vez la idea es que se apunte a mostrar en los medios las irregularidades que se detecten, con el objetivo de generar un clima social que permita contar con un respaldo de la opinión pública, y así poder avanzar con los recortes.