Cuando el domingo pasado, a poco de iniciarse la elección en Neuquén, empezaron a llover las denuncias sobre irregularidades en torno al sistema de votación que empezó a implementarse en esa provincia, a través de urnas electrónicas.
Y fue ahí que se encendieron las alarmas en las fuerzas políticas opositoras, teniendo en cuenta que desde hace tiempo el Gobierno nacional insiste con la necesidad de recurrir al sistema del voto electrónico. Según destacan en los despachos oficiales, el objetivo es para, supuestamente, evitar problemas, presentándolo como la solución a todos los males generados por una metodología que, como las boletas de papel, es mostrada como obsoleta, y más cuando Cambiemos se quiere presentar como la opción para que la Argentina sea un país del primer mundo…
Sin ir más lejos, hace dos meses se anunció con bombos y platillos que la administración macrista contrató a la firma venezolana Smartmatic International Holding para que se encargue de aportar el software que permita la transmisión digital de los datos provisorios de las urnas al centro de cómputos en las elecciones presidenciales.
Un dato no menor es que la empresa tiene un complejo entramado societario con sedes en paraísos fiscales, de acuerdo a datos publicados por el The New York Times, The Washington Post y Wikileaks.
La firma está en el ojo de la tormenta desde hace tiempo y cuenta con una denuncia pública por “manipulación” de los datos de participación en las elecciones para la Asamblea General Constituyente de Venezuela, donde se retiró en el año 2017 tras empezar a trabajar en 2004. A la Argentina llegó en 2017 cuando Macri estaba en el poder y el Estado le adquirió un sistema de control biométrico de electores utilizado en varias provincias del norte.
También cuenta con escándalos internacionales en Estados Unidos, Uganda y Filipinas, donde fueron acusados de “acceso ilegal e interferencias en los sistemas” con sospechas de haber realizado fraude electoral en las presidenciales del año 2016. En 2012 tuvo un lio importante en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por un contrato de 40 millones de euros pero terminó siendo multada por seis millones ya que el sistema presentaba “fallas técnicas”.
Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, viene advirtiendo que “el voto electrónico no va a sumar nada y va a restar transparencia, auditabilidad y la capacidad del ciudadano de controlar la elección, teniendo en cuenta que el comicio va a quedar en manos de una empresa privada”.
En la actualidad, de 295 países, sólo siete utilizan el voto electrónico (de algún tipo y en alguna parte del proceso). Dos de ellos son europeos: Bélgica y Estonia; otros dos, asiáticos: India y Filipinas; y hay tres en América: Brasil, Venezuela y Estados Unidos (en este país, además, cada estado decide su sistema de votación, por lo que no todos lo hacen de la misma forma).
Hace décadas, esa lista era más grande. Pero algunos países (en su mayoría de los denominados “desarrollados”), después de implementar distintas versiones de voto electrónico, lo prohibieron. Entre ellos, Alemania, Finlandia, Holanda, Australia, Irlanda y Polonia.
Para que quede más claro: entre los 20 países que lideran el ranking de desarrollo humano de la ONU, solo Estados Unidos utiliza parcialmente alguna forma de voto electrónico. El dato no es menor, porque estos países (los mejores en términos de calidad de vida, educación e ingresos de sus ciudadanos) también cuentan con la mejor capacidad económica y el mejor desarrollo tecnológico del planeta como para elegir votar con computadoras. Y sin embargo, no lo hacen.
En definitiva, naciones ricas y poderosas como Alemania, Holanda y el Reino Unido descartaron el sistema por dos motivos: se demostraron repetidas fallas de seguridad, y no era compatible con la transparencia que requiere el voto, por lo que la tendencia en el mundo, en cambio, es la utilización de una boleta única en papel.