La gobernadora María Eugenia Vidal envió esta mañana al Senado el pliego correspondiente a la postulación de Sergio Gabriel Torres, como candidato a ocupar el cargo vacante de magistrado de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Desde el Ejecutivo aseguraron que el magistrado “cumple con el requisito de domicilio” que pide la Constitución para acceder al cargo y que era motivo de cuestionamientos desde distintos sectores, incluido el judicial.
Desde su postulación, Torres ha sumado 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas. Ahora el Senado deberá definir la fecha de la entrevista con el magistrado, como último paso antes de tratar el pliego en el recinto.
A nivel académico, Torres es Doctor en Ciencias Jurídicas; Magister Internacional en Nuevos Delitos Penales; Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico; Especialista en Derecho Penal y Criminología; Diplomado en Delitos de Corrupción Pública y Privada –compliance- y Diplomado en DDHH, Garantías Constitucionales, Procedimiento y Globalización en el Sistema Penal Actual. En tanto, también fue distinguido profesor y doctor “Honoris Causa” en diversas universidades nacionales e internacionales y declarado “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires” por la Legislatura Porteña.
Desde el ámbito académico, Torres recibió el apoyo de la Universidad de Buenos Aires y de Belgrano, y en la provincia de Buenos Aires, las de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de San Martín; y se fueron sumando los de instituciones del exterior que llegaron desde México, Perú, España e Italia como así también del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal.
Entre las numerosas instituciones de la comunidad civil que manifestaron su adhesión, se encuentran el Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico; la Asociación Civil Madres en Lucha contra el paco; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Sara Rus, sobreviviente de la Shoa y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Asociación Civil Centro de la Mujer de Virreyes; el Centro Barrial “San Alberto Hurtado” ; la Asociación Argentina de Justicia Constitucional; el Instituto de Capacitación Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”; la Asociación Argentina de Salud Mental; la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT); la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de la Argentina y la Mesa Nacional por la Igualdad.
En igual sentido expresaron su apoyo la Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia; la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR); el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el Museo Sitio Memoria ESMA; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también Raquel Mawszowicz, sobreviviente del Holocausto y las autoridades del Centro Ana Frank de Argentina.
También enviaron sus adhesiones parlamentarios para el MERCOSUR; el titular de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. También en esa línea, la Coordinación de Programas Especiales de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que destacó el compromiso de Sergio Torres en su lucha contra las distintas formas de crimen organizado. Por su lado, la Federación de Cooperativas Obreras Textiles se refirió específicamente a la lucha que encabezó contra la trata de personas desde su labor como juez.
Asimismo, sumaron su voz en apoyo de Torres entidades como el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, institución que nuclea a más de 7000 magistrados de los 19 departamentos judiciales. Asimismo, y en forma especial, enviaron su apoyo los Colegios de Magistrados y Funcionarios de San Isidro y Zárate-Campana y la Asociación Argentina de Mujeres Juezas.
Además, recibió adhesiones de jueces, fiscales y defensores de los fueros en materia penal, civil, comercial y administrativo, de distintas instancias, de los departamentos judiciales de San Martin, Mercedes, Morón, San Isidro, Pilar, La Plata, Dolores, Moreno, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Bahía Blanca y La Matanza; como así también del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Por su lado, tuvo el apoyo de representantes del fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la Justicia Nacional en lo Civil; del Ministerio Público Fiscal de la Nación con actuación en la CABA y en el interior; de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; de la Cámara Federal de Casación Penal; de la Justicia Federal de San Martin; de miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación; de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal; de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal; de la Justicia Federal de Bariloche; Bahía Blanca y La Pampa y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos.
En otro orden, sectores religiosos también expresaron su apoyo, como la rabina Silvina Chemen; el rabino Daniel Goldman de la Comunidad Bet el; el Secretario del Congreso Judío Mundial, los sacerdotes (curas villeros) Lorenzo De Vedia y “Pepe” Di Paola; los integrantes del Instituto de Diálogo Interreligioso, rabino Daniel Goldman, presbítero Guillermo Marcó y Omar Abboud, referente de la comunidad musulmana en Argentina.
En todas esas adhesiones y apoyos recibidos se destaca reiteradamente su extensa carrera académica y judicial, sobre todo las actividades realizadas en torno a la problemática del tráfico y consumo de estupefacientes, al momento de impartir justicia, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes atravesados por las adicciones.
Cabe recordar, que la diputada provincial, Carolina Píparo, abandonó el espacio de la ONG Usina de Justicia en disconformidad con los términos de la impugnación que se hiciera contra la designación de Torres desde ese espacio.
En su trayectoria en el Poder Judicial como magistrado, Torres tuvo gran responsabilidad en materia de defensa de los Derechos Humanos y la Democracia e intervino en la realización de un protocolo para resguardar la vulnerabilidad de los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad.
El domicilio
El gobierno informó que el requisito de residencia habitual del juez federal Sergio Torres, previsto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para ocupar la vacante del máximo tribunal de la Provincia, está “sobradamente cumplido y comprobado”.
Puntualizaron que “no se dan detalles sobre los lugares concretos de estas direcciones, debido a que el postulante Sergio Torres, en virtud de su función como juez federal y de las investigaciones por narcotráfico que tiene a su cargo, puede ver afectada su integridad física y la de su familia”.
En el pliego enviado al Senado, Torres dejó asentada, con la documentación respectiva, que acredita la residencia en la provincia de Buenos Aires, poniéndola a consideración de los legisladores.