El gobierno sigue su embestida contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari: ahora fue el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, quien dijo que sus declaraciones fueron “desilusionantes e inadecuadas” y le pidió que presente la denuncia ante la Justicia.
“Fue una afirmación temeraria, además dijo que se estaba replicando en la provincia, sería bueno que explique los alcances de los casos que conoce”, dijo el funcionario en declaraciones radiales y consideró que “es una declaración puramente política, lamentablemente. De Lázzari es una persona que proviene de la política. Debería presentarse en la fiscalía y hacer la denuncia”,
Garavano consideró además que “es una pena” que haga estas declaraciones porque la Justicia en la Provincia “está haciendo avances significativos” para separar a jueces y a fiscales sospechados de corrupción.
Al hablar en las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, De Lázzari advirtió sobre los “vicios” de la justicia federal que estaban trasladándose a la justicia bonaerense. Y denunció que existen “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable”.
Ayer, frente a la embestida oficialista que arrancó con María Eugenia Vidal y ahora sigue con distintos funcionarios nacionales, la Corte publicó ayer un comunicado de prensa explicando a qué se refería De Lázzari cuando habló ante sus pares ante la red de jueces penales. “No particularizó los casos en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones -argumentó la Presidencia de la Suprema Corte-. No obstante ante expresiones que ligeramente califican su actitud deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado; lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y juzgamiento en sede penal”, se explicó en el comunicado en alusión al fiscal Juan Ignacio Bidone, acusado de suministrar información confidencial al falso abogado Marcelo D’Alessio.
De igual modo, se refirió a la existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del departamento judicial de Lomas de Zamora, “la que inmediatamente de recibida por el Presidente fueron puestas a conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la procuración General”. Y en tercer lugar también puso como ejemplo “el caso de un agente fiscal al que se le atribuye el armado de una causa con testigos falsos con la colaboración de abogado cuyos juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el 26 de agosto”.