El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, confirmó ayer que “ya comenzaron las actuaciones” para investigar si existe algún delito que se desprenda de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, quien se refirió a la existencia de “causas armadas” en el ámbito de la justicia bonaerense y generó la furia del oficialismo.
Conte Grand sostuvo que el poder judicial de la provincia es “sumamente profesional, y dispuesto a trabajar en términos republicanos”, y que las “actuaciones ya comenzaron” a fin de determinar si existe “algún panorama como el que definió De Lázzari”.
A fines de junio, al hablar en las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, De Lázzari advirtió sobre los “vicios” de la justicia federal que estaban trasladándose a la justicia bonaerense. Y denunció que existen “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable”. Esas declaraciones, que trascendieron por un video la semana pasada, generaron el rechazo inmediato de la gobernadora María Eugenia Vidal y también del gabinete nacional. Fue por elloq ue Conte Grand resolvió iniciar la investigación correspondiente.
“Nuestra vocación y convicción es la de encontrar todas estas situaciones en el marco institucional, no podemos cometer los errores que nosotros mismos fustigamos, hay un marco institucional y un sistema que funciona”, dijo en declaraciones radiales.
No obstante, indicó que está “convencido que dentro de la provincia de Buenos Aires hay algunos elementos del Poder Judicial que hay que remover”, y que se ha “avanzado mucho en eso”.
El procurador detalló que las actuaciones se realizaron “en sede administrativa y en la sede judicial en lo penal”. “Ahora, los trámites llevan su tiempo, porque hay que hacer la sustanciación de la prueba testimonial, recabar otra información y en caso de que haya un elemento que determine la existencia de los ilícitos esa investigación llevará más tiempo”, explicó.
También dijo que “estamos requiriendo información incluso a la secretaría de control disciplinario, y se ha citado algunos testigos, a aquellas personas que con motivo las declaraciones hicieron también manifestaciones en el sentido de que eran cosas que ellos conocían”.