La Cámara Federal anuló hoy los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como la falta de mérito de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y de Jorge “Corcho” Rodríguez, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht, una de las adjudicatarias de las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
La decisión tomada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia revocó el fallo dictado en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi , quien había procesado en abril a todos los ex funcionarios involucrados en la licitación de la obra y sólo a dos gerentes entre los empresarios. El magistrado había dictado también la falta de mérito al primo del del actual presidente y a Rodríguez, por falta de pruebas.
Los procesamientos, sin prisión preventiva, incluyeron embargos de ocho millones de pesos para los ex funcionarios por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”, a raíz del direccionamiento de la licitación para adjudicar las obras.
Irurzun y Bruglia declararon ahora la nulidad de la resolución “por entender que no había fundamentado debidamente distintos aspectos que se debían analizar”. Y señalaron que como en el marco de esta causa se firmó un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña, el juez Martínez De Giorgi “deberá volver a pronunciarse” sobre los acusados una vez obtenida la documentación de Brasil.
Los jueces criticaron que si bien se investigan coimas en la causa, ninguno de los implicados fue “procesado o desvinculado de ese delito”, entonces señalaron que “no hubo un análisis con fundamento de la correlación o no sobre las distintas referencias, indicios y datos que se obtuvieron previamente en el sumario, su documentación adjunta y en otros procesos penales”.
Además, los camaristas consideraron que no hay fundamentos respecto a porqué se procesó a los ex funcionarios por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionarios. “La decisión adoptada carece de fundamento que permita revisar los aspectos centrales a los que se debe dar respuesta. Es por ende nula. Esta situación impone que el juez, una vez que cuenta con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias se expida” nuevamente sobe “los cargos que pesan sobre los acusados”, advierte la resolución.
La causa investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y Comsa SA.